La Asamblea de la OEA y el problema de la droga

La 42 Asamblea de la OEA que acaba de realizarse en Tiquipaya, localidad próxima a la ciudad de Cochabamba, se caracterizó por haber transcurrido en medio de un ambiente general enrarecido y, en gran medida, de magros resultados, en especial en lo que se refiere a la solución del enclaustramiento de nuestro país y el problema de las drogas. La inasistencia de varios cancilleres y el reducido contenido de las diversas intervenciones también influyeron en dar a esa reunión una relevancia relativa, más aún si se la compara con eventos anteriores.

Mientras se realizaba la Asamblea, en el medio social del país dos grandes marchas indígenas intranquilizaban el ambiente; numerosas minas eran ocupadas; grupos de campesinos demandaban ser recibidos en audiencia por los funcionarios de la OEA para hacer conocer reclamaciones poco menos que desesperadas; se gestaba huelgas de hambre en la sede del Gobierno y, en general, había un estado de inquietud que no dejaba de alarmar a los delegados asistentes a esa reunión.

Pese al interés por resolver los grandes problemas continentales, la Asamblea no enfocó a fondo el candente problema de la hoja de coca y la producción y tráfico de cocaína que conmueven a los pueblos americanos desde México hasta la Patagonia, donde el tráfico de drogas adquiere niveles increíbles y se ha convertido en una guerra del crimen, donde a diario mueren cientos de personas.

Mientras se efectuaba la Asamblea de Tiquipaya, los asambleístas tuvieron la oportunidad de conocer por medio de la prensa el descubrimiento en últimos días de más de 250 fábricas de cocaína en las regiones orientales del país sin que, por otro lado, se hubiese detenido a alguna persona en la delictiva tarea de producir dicho estupefaciente, información alarmante que se suma a noticias parecidas ocurridas desde meses atrás.

Cuando la Asamblea llegaba a su culminación, una nueva noticia alteró la tranquilidad de los delegados, la misma que fue anunciada por la Ministra de Relaciones Exteriores de Colombia, quien afirmó que hay indicios que confirman la presencia de cárteles del narcotráfico en Bolivia, quienes buscan proliferar la producción y comercialización de droga. Agregó que, frente a esa urgencia, suscribió un convenio de cooperación bilateral para una lucha conjunta contra ese mal social.

Mientras se debatía sobre la necesidad de una salida al mar para Bolivia, el asunto de la droga fue planteado por organizaciones locales que demandaron a los países del hemisferio declarar al narcotráfico como “delito de lesa humanidad”, forma para evitar la inseguridad ciudadana y que la población, en especial la juventud, caigan en las redes de la drogadicción. También pidieron drásticas sanciones para los actores del narcotráfico.

Entre tanto se vio que la delegación boliviana minimizó en esta oportunidad su postura de permitir el libre consumo de coca para el “acullico” o “pijcheo” y, al mismo tiempo, no informó acerca del crecimiento de los cultivos de coca ni la erradicación de cocales, acerca de los cuales dio diversas informaciones en otras reuniones internacionales.

En todo caso, a las delegaciones asistentes al cónclave de Tiquipaya preocuparon dos asuntos: la presencia de cárteles del narcotráfico en Bolivia y el descubrimiento de alrededor de 250 fábricas de cocaína en el oriente del país, sin que se hubiese detenido ni a uno de los individuos dedicados a la actividad ilícita de producción de dicha droga, tanto para consumo dentro del país como para su exportación en grandes cantidades a Europa, Estados Unidos y otros continentes.