De motines y soluciones singulares

El motín policial revertido a duras penas por el Gobierno ha dejado valiosas experiencias y confirmado otras. Una de éstas últimas es que en materia de conflictividad social nadie le gana al país. No hay registros a nivel internacional en cuanto a que motín alguno de naturaleza parecida hubiera durado seis días, manteniendo sin seguridad a todo un país. Además que los amotinados lucieran armas y quedaran dueños del centro político neurálgico, tal como es la plaza Murillo, determinando que como quien ame y cuide suficientemente su integridad se mantenga lejos de un Palacio -sede de sus funciones- de truculentos y tétricos episodios en circunstancias semejantes.

Ni qué decir que edificios y oficinas de la Policía sean blanco de vandálicos saqueos y quema de procesos en curso por sus propios efectivos y ante la incrédula mirada de propios y extraños. Hace tiempo que a nadie sorprende que en los sempiternos acuerdos de resolución de conflictos, los autores de desmanes e inclusive de asesinatos quedan a salvo de toda investigación y proceso. Esta es otra de las oscuras formas de impunidad que, por supuesto, no podía faltar en el convenio final con la Policía.

Otra de las amenazas del alzamiento en cuestión es que estamos ante una paz condicionada y que la guerra puede reaparecer en cuanto las exigencias policiales sean mediatizadas. Tampoco es raro que lo que “se firma con la mano se borra con el codo”, que no se cumpla lo ofrecido. Basta ver que el incremento salarial obtenido está lejos de las pretensiones de nivelación a la remuneración de los militares. Sobre el “defensor del policía” solicitado, no habrá mayor problema en acceder. Por ahí anda también la revisión de la Ley 101, porque está visto que para el Gobierno no es mayor problema dictar leyes contradictorias o deshacerse de las que le son incómodas.

No obstante, un mínimo de lealtad con la sociedad es cuidar que los policías no ejerzan la delincuencia prevalidos de su condición o que integren sociedades delictivas con antisociales bolivianos y extranjeros tal cual sucedió. Está claro que exigir la revocatoria de la Ley de Régimen Disciplinario es un blindaje para ahora y para más adelante de un buen número de malos policías. Si la señalada Ley pasa sin mirar a la oficialidad y a los de alta graduación policial, es ahora, más bien, que se debe acabar con ese privilegio encubridor.

Altas fuentes gubernamentales sostienen que el “arreglo” del motín en examen, se debe a la “paciencia y humildad” que, para otros, es el “desgaste” de los diferentes conflictos sociales o su duración indefinida sin interlocución, para lograr el cansancio y agotamiento de los sectores reivindicacionistas o como se los llame. Esta postura puede resumirse en aquello de que “si yo me salvo, no interesa la suerte del resto”. El Gobierno sale ganancioso por lo menos circunstancialmente mientras la sociedad y el país resultan perjudicados.

Otra táctica ya bien conocida es dejar que los conflictos se sucedan unos a otros, porque el último copa la atención pública y oculta las resultas del anterior, axiomáticamente perjudiciales al interés nacional aunque favorables para reducidos grupos afines al Gobierno. El motín policial tendió un espeso velo sobre la disputa de Colquiri, caso en el que el Estado se echa encima los salarios de mineros hasta entonces pagados por la empresa Sinchi Wayra y se apresta a contratar más trabajadores para convertirlos casi en sus milicianos. ¿O no lo demuestra así la concurrencia dinamita en mano de los de Colquiri en la marcha contra los indígenas defensores del TIPNIS? Lo sugestivo de las jornadas del motín es que como nunca todo el territorio nacional vivió sin lamentar atentados a la propiedad privada ni a las personas, excepto los conocidos hechos paradójicamente policiales. Hasta en esto somos un país distinto o… como alguien diría “algo anda mal en Andalucía”.