Ofensiva contra las inversiones

Está fuera de duda que Bolivia requiere inversiones de todo tipo y cantidad y con las condiciones que favorezcan y desarrollen la economía nacional, más aún cuando el país se encuentra atravesando por diversas formas de crisis financiera, política, social y moral. Al mismo tiempo, es sabido que existen inversionistas extranjeros interesados en invertir en el país, no sólo con objetivo de lucro y explotación, sino para mejorar la situación económica y social, inclusive con la fórmula que propone hacer amigos y socios para compartir las riquezas.

Pero, pese a la existencia de esas condiciones, el aparato político encargado de manejar las riendas del país no actúa en la línea de esa realidad y, por el contrario, aplica medidas destinadas a obstaculizar las necesarias inversiones, alejar las existentes, amedrentar e inclusive oponerse a los inversionistas nacionales y extranjeros. Esa actitud oficial tiene el agravante de que el país perdió enormes ganancias, debido a que no aprovechó las altas cotizaciones en los mercados mundiales de los metales, minerales y granos.

Los hechos confirman la actitud errática de la política económica del Gobierno actual, la misma que, por un lado, crea grandes dificultades internamente y, por otro, ofrece signos poco positivos para el mundo externo. Veamos, en efecto, los hechos.

Durante el sexenio pasado, numerosas empresas fueron estatizadas, otras fueron nacionalizadas, con alto costo para el Estado, ya que no se trató de confiscaciones sino de millonarias expropiaciones, lo cual trajo consigo pésimos indicadores para los inversionistas que decidieron replegarse, esperando tiempos mejores.

Pero el panorama es más grave de lo que aparenta, pues, en particular, en los meses transcurridos del presente año han ocurrido hechos económicos que perjudican enormemente la situación no sólo económica sino también política del país. En efecto, en primer lugar se ha tenido la estatización (no nacionalización) de una empresa española de distribución de electricidad, acción que repercutió de manera poco favorable para el país.

Enseguida se presentó el asunto de la empresa AeroSur, la que en vez de ser sacada a flote, prácticamente fue objeto de una andanada de torpedos que la han conducido a su liquidación. Este caso tiene el agravante de que dejará en la calle a cerca de 1.500 empleados directos y no menos indirectos, hecho que cobra mayor gravedad cuando no se crea fuentes de trabajo y el desempleo crece en progresión geométrica y, al parecer, el objetivo es tener monopolio estatal de transporte aéreo.

Aparte de esos ejemplos, se tiene el referido a la estatización de los bienes de una empresa privada en la mina Colquiri, para satisfacer a ciertos grupos de trabajadores que forman corporaciones y no son sindicatos, no pagan impuestos, causan depredación, no conocen de beneficios sociales, etc. A ese caso se agrega el de la mina Mallku Khota, que corre la misma suerte de Colquiri, aunque con mayores agravantes. Ni qué decir del escabroso caso Jindal Steel.

Aparte de esos negativos impactos económicos se encuentra el político, ya que el Gobierno otorga garantías judiciales y acepta todo lo que piden grupos de presión, aunque ello sea injusto e ilegal, mientras que los que hacen demandas pacíficas son objeto de represión y se les niega lo que piden en justicia. De todas maneras, si se sigue adoptando una actitud neoliberal frente a esa crisis, unos cinco mil trabajadores quedarán cesantes.

Esos datos objetivos constituyen la base para hacer los razonamientos respectivos y proponer una política social y que revierta la crítica situación que enfrenta el país, la cual, de no recibir atención necesaria, nos conducirá, en forma desbocada e inevitable, al abismo.

Por los datos señalados la situación está pasando de castaño a oscuro y requiere que alguien dé la cara. Pero, ¿quién le pone el cascabel al gato?