Oposición cuestiona legalidad del proceso

Quintana apunta a lograr dos tercios en consulta del Tipnis



Las autoridades del Ejecutivo se muestran seguros por resultado de la consulta, mientras la resistencia indígena prosigue y recuerda la represión de hace un año.

Señalando que la resistencia indígena no puede durar para siempre y que el Gobierno logrará llegar a los dos tercios de comunidades que aprueben la construcción de la carretera Villa Tunari – San Ignacio de Moxos, el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, se mostró confiado en el avance de este proceso. El Movimiento Sin Miedo (MSM) ya anticipó que la consulta carece de legalidad y por tanto no tendrá efectos inmediatos. Las repercusiones se dan al cumplirse un año de la represión policial a la marcha indígena.

Durante la entrega de materiales en la comunidad de Santo Domingo y con la presencia de la presidenta en ejercicio, Gabriela Montaño, las autoridades del Ejecutivo aprovecharon la oportunidad para hablar de la consulta y descalificar una vez más a la dirigencia indígena de la octava y novena marcha.

El ministro Quintana cuestionó a los representantes de Tierras Bajas y dijo que ahora la relación entre el Estado es directamente con las alcaldías, la Gobernación y los representantes de las comunidades y no así como era antes, entre la Prefectura de Beni y las subcentrales del Tipnis, en directa alusión a Fernando Vargas, presidente de esa instancia indígena. “Como ahora no les llega dinero a los dirigentes están enojados con las comunidades”, interpretó Quintana.

También aseguró que pronto se terminará la plata de la derecha y de las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) que “financian” la resistencia a la consulta y que luego el Gobierno logrará llegar y convencer a dos tercios de las comunidades para aplicar y validar el proyecto carretero que ha dividido a los pueblos chimanes, yuracarés y mojeño – trinitarios.

Esta interpretación y postura del Gobierno fue ratificada por el presidente Evo Morales en entrevista con las cadenas CNN y Telesur.

“Tenemos dos tercios y eso es suficiente. Los que no quieren están en derecho, si no quieren desarrollo, si quieren que sea intocable su territorio, intangible, vamos a respetar. Si se hace o no consulta es un derecho, pero no puedo entender que algunas comunidades se vuelvan violentas, hay ONGs que vuelven violentos a mis hermanos en algunas comunidades y seguramente las próximas generaciones juzgarán. Pero de las 69 comunidades 44 dijeron que sí a la consulta”, declaró.

Anteriormente, el jefe del Movimiento Sin Miedo (MSM) Juan del Granado, dijo que ese frente político adelanta que al término de la consulta ésta no tendrá efectos legales, pues se habría evidenciado una serie de irregularidades procedimentales que serán expuestas ante las instancias legales internas sin descartar a demandas internacionales.

Del Granado cuestionó la consulta como “amañada y tramposa” y que sólo busca consolidar “una carretea que beneficiará” a intereses transnacionales.

Las autoridades de Gobierno se refirieron escasamente a la represión que se vivió hace un año en Chaparina, cuando 400 efectivos policiales intervinieron en el campamento de la octava marcha con gases lacrimógenos, aplicando la fuerza y utilizando cintas masquin para maniatar y amordazar a hombres mujeres y niños que marchaban por la defensa de su territorio.

Sobre la consulta, este proceso debería terminar hasta el 7 de diciembre abarcando a 69 comunidades dentro del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis) y que están compuestas por los pueblos mojeño – trinitario, yuracaré y chamán. De estos pueblos, 44 habrían sido abordados por las comisiones del Ministerio de Obras Públicas y el Tribunal Supremo Electoral (TSE), siendo 43 las que rechazan el criterio de intangibilidad de la Ley 180.

 
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