Mártires, héroes y víctimas del proceso que costó sangre al país

Democracia, dícese de la doctrina política que favorece, garantiza y prioriza el predominio del pueblo en la administración política de un Estado.

Ese concepto viene siendo aplicado en el país desde hace 30 años de manera ininterrumpida y pese a los avatares de cada década, donde la conflictividad social estuvo a punto de quebrar el sistema, los bolivianos demostraron su vocación de paz y convivencia, cuyos antecedentes se remontan a los últimos mandatos dictatoriales.

El golpe de Estado de 1980 contra la presidenta Lidia Gueiler truncó el camino hacia una democracia naciente e implantó un régimen narco-dictador que sometió y segó decenas de vidas.

Los mártires de la democracia merecen una mención especial en estas tres décadas de historia. El proceso boliviano no puede ser explicado sin la resistencia de los ocho militantes del MIR que ofrendaron sus vidas en la calle Harrington el 15 de enero de 1981, cuando planteaban un movimiento democrático a partir de la izquierda nacional. Luis Suárez Guzmán (38 años), Arcil Menacho Loayza (48), José Reyes Carvajal (41), Ramiro Velasco Arce (31), Artemio Camargo Crespo (33), Ricardo Navarro Mogro (31), Jorge Baldivieso Menacho (33) y Gonzalo Barrón Rendón (31) fueron acribillados por el sangriento régimen de Luis García Meza.

Marcelo Quiroga Santa Cruz, Juan Carlos Trujillo, Domitila Chungara y el padre Luis Espinal, entre otros, también representan las figuras que representaron en su tiempo el respeto a los derechos civiles, la consecuencia política e ideológica y sobre todo la visión de un futuro mejor bajo los parámetros de la democracia.

Sin embargo, tres décadas después de haberse instaurado la etapa más madura en la historia del país, los familiares de las víctimas de las dictaduras aún demandan la atención del Gobierno argumentando que más allá del resarcimiento económico, debe primar el reconocimiento a las personas que vivieron en carne propia los abusos totalitarios que les quitaron la libertad e incluso la propia vida.

Los actos de conmemoración de esta importante fecha tendrán el matiz de la demanda social, tal como anunció el vicepresidente de la Plataforma de Luchadores Sociales, Víctimas de la Violencia Política, Jorge Pelaez, que lleva junto a otras personas siete meses en vigilia con carpas instaladas frente al Ministerio de Justicia y donde se exponen con nostalgia “los rostros de la democracia”.

La Ley 2640 promulgada en 2004 determinó una indemnización para los familiares y las víctimas de las dictaduras entre el periodo 1964 a 1982, pero que hasta la fecha no fue concluida, supuestamente debido a la falta de recursos o un censo de personas que deberían acceder a este beneficio. Desde el mes de marzo las carpas se instalaron frente al despacho de justicia y cada día existe un relevo de bolivianos que ahora dicen ser víctimas del régimen democrático del “proceso de cambio”.