Entre principios e intereses

Todos los paros generan, por naturaleza, perjuicio en la vida en comunidad. Esa es razón de ser de las medidas de presión. La huelga como herramienta de lucha del trabajador detiene el proceso de producción para disminuir la ganancia del empresario. La perspectiva de perjuicio económico obliga al patrón, o al Estado, a negociar. A mayor premura en atenderla, menor pérdida. Esa es la lógica.

Pero no todos los paros ni las huelgas responden a esa lógica, fundamentalmente sindical. Son cada vez más frecuentes, por ejemplo, las medidas de presión que responden a intereses políticos o sectoriales que perjudican a todos, más allá de que la mayoría de la gente no tenga nada que ver con el conflicto.

Hay que aceptar, también, que muchas veces son último recurso de los grupos sociales, grandes o pequeños, para hacerse escuchar, aun a riesgo de atropellar derechos del resto de la comunidad. La libertad de movilizarse, por ejemplo. En ese escenario, el Estado tiene la obligación de garantizar tanto el derecho a la protesta legal como los otros derechos ciudadanos. El equilibrio radica en la concertación y, sobre todo, en prevenir los conflictos en función del interés común y por encima de posiciones políticas, partidarias o sectoriales, siempre coyunturales.

El reciente paro del transporte, por ejemplo, muestra que se antepone el interés particular al interés común. Sin entrar al fondo mismo de la ley de Extinción de Dominio a favor del Estado, los choferes protestan sólo porque quieren evitar la posibilidad de confiscación de sus vehículos. No les importa, en cambio, que así como ellos pueden perder su “herramienta de trabajo”, les ocurra lo mismo a los propietarios de viviendas que las alquilaron a inquilinos inescrupulosos que las utilizan como depósito de mercadería de contrabando. O peor aún, de drogas o como factoría de drogas. Más grave aún, tampoco les interesa que la norma vulnere principios constitucionales, como el de la presunción de inocencia, o que se ponga en riesgo el derecho ciudadano a la propiedad privada.

Bien analizado, es posible que el proyecto tenga aspectos positivos. Los “nuevos ricos” no son creación moderna. Aparecieron tras la revolución nacionalista de 1952. Pero es evidente que narcotráfico, contrabando y corrupción administrativa los aumentaron en exceso. Estará bien, pues, investigar y sancionar toda forma de enriquecimiento ilícito. Pero hay que hacerlo sin atropellar derechos constitucionales, principios y valores que hacen al conjunto de la sociedad por encima de los intereses sectoriales o políticos, si se pretende preservar la nobleza de la norma. Y eso significa concertación y diálogo, simplemente.