Fracaso de la “campaña contra la corrupción”

Hace más de seis años el entonces flamante gobierno de Evo Morales anunció con enérgica actitud y despliegue de publicidad que daría fin con la corrupción, problema que había adquirido carácter epidémico y amenazaba extenderse como aceite sobre el agua. Las ofertas en ese sentido se originaron en la Presidencia del Estado y fueron difundidas por los más destacados representantes del nuevo aparato administrativo del país, causando satisfacción pública, aunque no faltaron voces pesimistas que pronosticaron que esa campaña no tendría éxito.

Respondiendo a los agoreros del fracaso, el nuevo Gobierno hizo nuevas amenazas, empezó a dictar leyes, ajustó los mecanismos jurídicos, acrecentó los mecanismos policiales, amenazó con nuevas y más drásticas sanciones, ofreció abrir cárceles y otras lindezas. En una palabra, aseguró que acabaría con tan grave flagelo y para ello remarcó que haría realidad la Seguridad Ciudadana con “un endurecimiento del marco legal para castigar el delito”.

Con esa actitud de buenas intenciones se dictó la Ley “Marcelo Quiroga”, la Ley contra el racismo y la discriminación, se “limpió” la administración del Poder Judicial, se eligió nuevas autoridades judiciales por vía de la elección popular, se cambió jefes de la Policía, se aumentó efectivos, se adquirió motocicletas, y se adoptó una serie de determinaciones secundarias, aunque algunos sectores insistían en que todas esas medidas estaban destinadas al fracaso, en vista de que se limitaban a atacar los efectos del mal y no las causas del mismo.

Pasados más de seis años, ahora los hechos confirman que la campaña anticorrupción (en especial difundida por medios de la administración del Estado) resultó poco menos que un fracaso, ya que estallaron graves casos de delitos no sólo en entidades públicas sino en el aparato del Estado, inclusive entre altos funcionarios, algunos de los cuales se encuentran en prisión, aunque muchos otros gozan de libertad y disfrutan de beneficios diplomáticos en el exterior del país.

Empero, finalmente, en semanas recientes autoridades del Gobierno han denunciado una serie de actos de corrupción en todos los niveles sociales, pero en especial en los órganos Ejecutivo y Judicial, así como en entidades privadas. Tales denuncias resultan espeluznantes, tanto por la cantidad como por la calidad de los mismos. Pero, lo que es peor, resulta que ya no se trata de casos individuales sino de acciones de redes de corruptos, como en el reciente caso denunciado por el Ministro de Gobierno, quien informó sobre la existencia de bandas de corrupción organizadas por funcionarios públicos, algunos de los cuales fueron detenidos, mientras otros están prófugos.

Así, en vez de que desaparezca o disminuya la corrupción, en realidad está aumentando, constatándose que la campaña anticorrupción no ha tenido éxito y que, por el contrario, está fracasando en toda la línea, al extremo de que las mismas autoridades estatales confirman esos extremos y, a la par, afirman que existen otras bandas de “delincuentes de cuello blanco” dedicadas a actos ilícitos “de alta escuela”. Inclusive se afirma que existe un grupo de estafadores integrado por policías que se apropiaron de más de cien mil dólares, amparados en sus grados y títulos.

En síntesis, la campaña anticorrupción ofrecida hace más de seis años, no ha dado resultado, en cambio sigue creciendo dicho mal, lo cual significa que el procedimiento oficial carece de utilidad, mientras quienes critican las políticas oficiales tienen la razón.