Tras la aprobación de normas como la Ley Marco de Autonomías y Descentralización Andrés Ibañez, la Ley de Participación Popular 1551 del 20 de abril de 1994 quedó abrogada y se instauró el nuevo Estado Autonómico y Plurinacional. Sin embargo, sectores observan que en estos años hubo un retroceso hacia el centralismo sin dar campo de acción a las regiones.
La diputada de Unidad Nacional (UN), María Cristina Viscarra, calificó a la Ley de Participación Popular como una norma revolucionaria para su tiempo, porque desconcentró el manejo de recursos llegando a los municipios para invertir en desarrollo, salud y educación.
A diferencia de esa experiencia, y tras las luchas del oriente por la autonomía, Viscarra lamenta que la característica actual sea la burocracia y el centralismo. “Hoy en día el Estado Plurinacional ha centralizado toda la burocracia a través del ministerio de economía y hemos retrocedido significativamente, el Gobierno ha copiado burdamente la Ley de Participación Popular olvidándose de mejorarla y adicionar temas como la emisión de créditos fiscales”, declaró.
A su turno, el analista Carlos Hugo Molina, que fue parte integral del diseño de la Ley 1551 recordó a Erbol, que en tres años de interpretación se incorporó 12 mil organizaciones indígenas, vecinales y campesinas con personería jurídica y se dio recursos a 186 municipios de solo 24 que eran reconocidos antes de ese año, restringiendo el desarrollo de las regiones.
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