¿Se parcializa el TSE?

Sigue en cuestión la imparcialidad del Tribunal Supremo Electoral, según denuncias de los partidos opositores y determinados sondeos de opinión, los cuales registran que más de un 75% de los encuestados no creen en la imparcialidad de ese organismo. Éste, no obstante, tuvo cuidado en no elegir al vocal Wilfredo Ovando como su presidente, quien inviste la representación del Primer Mandatario en el TSE.

Unión Demócrata se queja de que la totalidad de las denuncias sobre infracciones a la Ley Electoral y su Reglamento por parte de los candidatos oficiales no son resueltas por el TSE, instancia que se descarga en su propia Secretaría de Cámara. Las críticas arreciaron más por la Resolución que prohíbe a los medios difundir propaganda con la imagen y voz de los candidatos hasta el 12 de septiembre próximo, bajo alternativa del pago de multas. Tanto UD como el MSM han impugnado al TSE por considerar su disposición tardía en relación con el presidente Evo Morales y el vicepresidente Álvaro García, candidatos del MAS, los que aparecen en spots en diferentes entregas de obras. UD también hace cuestión por la supresión en pantalla de su candidato para rectificar la imputación acerca del tema distributivo de ingresos estatales. A su vez, el MSM dice que a pocas horas de similar aparición de Juan del Granado el TSE fulminó la “censura”.

Lo objetivo en este tema es el silencio que caracteriza al TSE ante el desequilibrio que prevalece entre el binomio Morales-García y el resto de sus oponentes, quienes insisten en que éstos usan todos los recursos del poder para promocionarse. Esta notoria desigualdad dimana, sin duda, de una (re)reelección contrastante con la tradición democrática del país de no reelección, sino después de transcurrido un período de gobierno. Su base es la alternancia en el poder como principio democrático e impedir el uso aplastante del aparato estatal a favor de la opción favorecida.

Otra queja en referencia al TSE es haber callado cuando altos portavoces instruyeron que los funcionarios del Estado debían destinar el 50% de su horario de trabajo al servicio de afanes electoralistas. Por donde se vea esta afirmación apenas disimulada, refleja una visión patrimonialista del Estado, de modo que funcionarios, medios y bienes públicos deben ponerse a órdenes del Gobierno durante el proceso. Una visión semejante echa por tierra la abstención, imparcialidad y ponderación que debe ser norma y ética de los gobiernos en este tipo de circunstancias, tiempo en el cual el pronunciamiento soberano debe quedar libre de la injerencia oficial.

De similar naturaleza se puede señalar muchos más factores desequilibrantes de la consulta, que fueron ignorados por el organismo electoral. Indudablemente, señales de intolerancia afloran también en organizaciones a las que corresponde velar por su imparcialidad, así sea sólo declarativa. Un exceso reñido con la libre competencia en estas lides, ha sido la declaración -aun no rectificada- de los voceros de la Federación Campesina Túpac Katari, de no permitir la visita de los candidatos “neoliberales” a ninguna de las 20 provincias de La Paz, bajo amenaza de aplicar sanciones a los contraventores. ¿Este proceder es democrático? Parece más bien un sistema de presión del que sacan provecho político los dirigentes. Es otro caso que demerita el actual proceso; lo deseable es su enmienda todavía oportuna y que los niveles oficiales opten por dar debidas garantías a todos los postulantes, en aras de la pureza y credibilidad del evento eleccionario.