Empresas españolas retornan a Bolivia tras expropiaciones

Tras una larga etapa de desencuentros, desconfianza y nacionalizaciones de firmas españolas, cierta normalidad se abre paso en la relación entre el Gobierno de Bolivia y empresas e inversores hispanos. La abrumadora reelección del presidente Morales (60% del voto) en las presidenciales de octubre ha dado lugar a una distensión en la que, aunque persisten suspicacias por parte de las compañías y la polémica sobre la indemnización por las expropiaciones a REE, Iberdrola, Abertis y AENA, la inversión española vuelve a ser bien recibida. En los últimos meses, Sacyr, Isolux e Isotrón han ganado contratos en un país que puja por captar más inversiones extranjeras directas IED.

La información corresponde al periodista Carlos Álvaro de capitalmadrid.com, y en el artículo recuerda que pese a las expropiaciones ya que Bolivia no figura entre los destinos favoritos de la inversión española en Latinoamérica, España es, con diferencia, el primer inversor en el país del reelecto Evo Morales.

INVERSIONES

En 2013, España aportó $us 669 millones (550 millones de euros) en IED, el 33% de la inversión extranjera total que captó el país. Las últimas cifras globales, correspondientes al período enero-septiembre de 2014, muestran que la IED recibida por Bolivia ascendió a $us 1.466 millones (1.206 mi­llones de euros).

Las compañías españolas se ven alentadas tanto por el crecimiento del país (Bolivia será en este año el segundo con mayor expansión en la región, el 5,3%), como por la nueva normativa-­marco para regular y atraer la inversión foránea, dictada por Morales en primavera pasada para alejar el fantasma de unas nacionalizaciones que habían ahuyentado el capital internacional, señala el artículo.

Sin embargo, la Ley de Promoción de Inversiones dista de ser considerada plenamente satisfactoria por las firmas. Pese a la intención de incentivar la captación de capital, no fija de modo preciso incentivos a las inversiones ni estímulos tributarios. Y rechaza recurrir al arbitraje internacional para dirimir posibles controversias, con lo que todo queda supeditado a los tribunales bolivianos.