60 horas de prisión: Castigaron al mensajero

Franz Reynaldo Chávez


MANOS A LA OBRA: CARLOS QUISBERT RETOMA SU TRABAJO EN EL DIARIO.

En la antigüedad, los gobernantes acostumbraban a ordenar la muerte del mensajero que era portador de malas noticias. Esta frase se adaptó en innumerables ocasiones cuando la justicia o el poder político descargaba su furia contra los periodistas que denunciaban un delito, mientras los responsables de la falta eran ignorados.

La historia del periodista del periódico EL DIARIO de La Paz, Carlos Quisbert, puede resumirse en el castigo al mensajero con 60 horas de prisión por el intento de esclarecer la muerte de un bebé en un hogar creado para la protección de menores, en noviembre de 2014.

El lunes 9 de marzo de 2015 fue fatídico para el periodismo de investigación y la justicia. En media mañana, el fiscal de la ciudad de Viacha, Rudy Terrazas, escribió 10 hojas de papel oficio para atribuir el delito de “obstrucción a la justicia” al periodista que un día antes intentó un diálogo con Madeleine Pahe, recluida por el caso denominado Alexander.

Quisbert estaba detrás de la pista que intenta esclarecer lo sucedido con el menor, lejos de la apreciación del fiscal que habló de obstrucción del proceso.

El mismo lunes 9, la jueza Lorena Camacho admitió la resolución de imputación antes de mediodía e instaló una audiencia a las 14.00 horas y, de forma inmediata, resolvió remitir a Quisbert al penal de San Pedro de La Paz, sin mediar mayor defensa a favor del afectado.

DERECHO A LA DEFENSA

Una audiencia del tribunal de garantías, realizada el miércoles 11 de marzo, cuestionó la actuación del fiscal y la jueza por negar el derecho a la defensa.

En el parágrafo II del artículo 155 de la nueva Constitución Política del Estado (CPE) se expresa que el “Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones”.

Mientras en el artículo 116, “se garantiza la presunción de inocencia. Durante el proceso, en caso de duda sobre la norma aplicable, regirá la más favorable al imputado o procesado”.

En el caso del periodista Quisbert, además de impedir que un abogado de su confianza asuma su defensa, no presumieron su inocencia y en lugar de beneficiarlo con una norma favorable, rebuscaron entre la Ley Anticorrupción el artículo 32 para remitirlo en acelerado proceso a prisión.

El fiscal Terrazas admitió que se abrió una nueva causa, lejos del caso Alexander al que supuestamente obstruía el periodista. Así, con la admisión, el caso cayó estrepitosamente en el salón de audiencias y dio lugar a la libertad del periodista.

“La infamia, la muerte civil y el confinamiento”, están prohibidos según el artículo 118 de la CPE, pero Quisbert declaró haber sido denigrado en sus derechos al haber sido arrestado en una celda policial y luego recluido en la cárcel, como muchos otros ciudadanos a los que se niega estos derechos constitucionales.

PERIODISMO DE INVESTIGACIÓN

Durante la audiencia de acción de libertad, el abogado defensor Javier Aramayo recordó al presidente y vocal de la Sala Penal Segunda constituido como Tribunal de Garantías que el trabajo periodístico de investigación goza de protección por tratados internacionales y la propia Constitución.

“El periodismo de investigación tiene por finalidad esclarecer un caso que es de interés general. Carlos no cometió delito alguno”, expresó el jurista.

El abogado de la Asociación Nacional de la Prensa de Bolivia (ANP), Eduardo Olivares, denunció que todas las aceleradas acciones del fiscal y la jueza demostraron que se “armó el caso”, “se forzó a la ley para hallar una tipificación, porque querían ver preso a cualquier periodista que se acercara a la detenida”.

Además de Pahe, el médico Jhery Fernández se encuentra detenido en el penal de San Pedro. El castigo al mensajero se consumó y el presidente de la ANP, la institución que impulsó la acción de libertad, junto al periódico EL DIARIO, Pedro Rivero Jordán, calificó al encarcelamiento del periodista como una “alerta para la prensa”.

“Es un caso extremadamente grave que nos tiene que mantener en alerta”, declaró Rivero.

 
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