La pretendida infalibilidad jurídica del TSE

Concluidas las elecciones departamentales, incluyendo la segunda vuelta en Tarija y Beni, y al margen de cualquier consideración política sobre quien ganó, quien perdió y por qué, el panorama nacional muestra a una gran parte de la ciudadanía sumergida en una desorientación y confusión generadas por los acontecimientos electorales, y una incredulidad generalizada que presagian un futuro incierto en la vida democrática del país.

Los factores negativos fueron amplia y detalladamente conocidos públicamente por los propios protagonistas de la contienda electoral, que por cierto debió ser una “fiesta cívica” y devino en una dolorosa y vergonzosa experiencia. Los medios de comunicación reflejaron con clara objetividad los acontecimientos acaecidos a nivel nacional.

El Órgano Electoral constituido por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) y los Tribunales Departamentales Electorales (TDEs) que tienen la obligación y la facultad de dirigir los procesos electorales con absoluta independencia y apego a la Constitución y las leyes, cometieron, unos más, otros menos, una serie de violaciones jurídicas, manipulaciones, desatinos administrativos, bellaquerías y chambonadas nunca antes visto, actitudes que dañaron ostensiblemente nuestra aún débil democracia. Baste citar el genocidio electoral cometido en el departamento del Beni, donde excluyeron a 228 candidatos idóneamente calificados, y privaron del derecho a elegir a miles de ciudadanos.

El TSE desde su Presidenta y todos los demás vocales expresaron y expresan por todos los medios de comunicación social que sus conductas “obedecen exclusivamente a la norma” y que se “ciñen religiosamente a la legalidad”, pretendiendo con poses y expresiones académicas que la ciudadanía se trague ingenuamente esos entuertos. Nada razonable y adecuado hicieron para transparentar el evento electoral. Por el contrario, pusieron su actitud proactiva para manipularlo y enturbiarlo. El arbitraje electoral supuestamente imparcial, resultó un fiasco. En las actuaciones del TSE, para algunas situaciones vale todo, pero para otras nada vale. Aplicaron normas mal interpretadas.

En algunos casos observaron “ad libitum” el principio de preclusión, en otras lo ignoraron despectivamente. La supuesta legalidad de sus actos resultó apenas una falsa entelequia. Para ellos, la interpretación de las normas y la aplicación de las mismas, lleva el sello de infalibilidad. De nada valieron las opiniones de los Representantes de la ONU y de la OEA, de nada valen las opiniones y criterios de los Colegios de Abogados, juristas independientes, analistas politólogos, instituciones sociales, periodistas especializados y gran parte de la ciudadanía, que en forma alarmada censuraron el comportamiento del TSE y de algunos TDEs.

Tribunales con este perfil institucional para nada garantizan la transparencia de los procesos electorales. Tampoco favorecen al Gobierno y al partido político del MAS, que deben ser los primeros interesados en transparentar su posición de primera fuerza política del país. Si no lo hacen, surge una duda o interrogante razonable.

El autor es abogado ex-magistrado.