Incrementos salariales y aumento de inflación

Pese a lo que muchas veces sostienen las autoridades, el Decreto Supremo 21.060 del 29 de agosto de 1985 sigue vigente, especialmente para el caso de incrementos salariales que, dentro de la norma de la oferta y la demanda y la economía de mercado, el Gobierno sólo dispone, conforme al presupuesto nacional, aumentos para el sector público y, que, posteriormente, ese porcentaje que fije “servirá” de referencia para el sector privado.

Esta norma se ha cumplido durante muchos años; pero, más por razones político-partidistas o simple populismo, en los últimos años se ha impuesto los mismos porcentajes para el sector privado. La norma de atenerse a la referencia de lo fijado para el sector público, estaba condicionada a las posibilidades de cada empresa conforme a costos y otros detalles; en muchos casos, hubo empresas que han sobrepasado los porcentajes fijados por el Gobierno.

Los aumentos salariales, en los últimos dos años, por efecto del doble aguinaldo, se han convertido en grave problema para el sector privado, que se ha visto obligado a reducir personal o privarse de aumentarlo, así las necesidades de mayor producción exijan. Nadie desconoce el grave daño que ha causado la elevación de precios en artículos de la canasta familiar y en los servicios como son el agua y la energía eléctrica; ello, por sí mismo, determinó mayor inflación y esto dio lugar a la necesidad de aumentar sueldos y salarios.

Lo grave de esta situación es que el sector privado está supeditado a esperar el reglamento de la Ley de Inversiones, garantía jurídica que debería haber entrado en vigencia hace tiempo; pero que, parece, ha sido postergada para las “calendas griegas”. Esa espera por el sector privado determina que no puede aumentar inversiones para ampliar las fuentes de producción; tampoco sabe si la disposición del doble aguinaldo será permanente o sí, en su caso, se convertirá en parte del sueldo mensual. En otras palabras, en situación en que no se tiene las garantías jurídicas, nadie sabe a qué atenerse, porque no hay reglas de juego claras.

Existen pocas organizaciones y particularmente escasos empresarios que muestran acuerdo pleno con el aumento salarial; pero, la mayoría no lo está por su imposibilidad para hacerlo o, si lo hace, podría ser sobre la base de créditos y restringiendo posibilidades de más empleo y mejor producción. Que hay empresas que estarían en condiciones de erogar mucho dinero y que el mismo doble aguinaldo afecta de manera meramente controlable, es evidente, pero, de todos modos, esas empresas cargan a sus costos todo aumento que hagan.

Cuando se trata de incrementar sueldos y salarios, el Gobierno tendría que estudiar muy bien el caso y, sobre todo, preocuparse porque ello no desaliente las inversiones y tampoco restrinja a niveles mínimos la capacidad de trabajo y producción. No debe olvidarse que el sector privado es de importancia capital para salir de la crisis y para emprender el desarrollo.