Aprueban uso de polémico sedante en pena de muerte

Washington.- Los cinco magistrados conservadores del Tribunal Supremo de EEUU se alinearon ayer para avalar el uso de un polémico sedante utilizado en las inyecciones letales y así permitir que se aplique la pena de muerte.

De este modo, con cinco votos a favor y cuatro en contra, el Supremo falló en contra de tres presos condenados a muerte en Oklahoma, que alegaban que el uso del sedante midazolam viola la Octava Enmienda de la Constitución de Estados Unidos, que protege a los ciudadanos de “castigos crueles o inusuales”, informó Efe.

Este alegato tiene su origen en la ejecución en abril de 2014 de Clayton Lockett en Oklahoma, que agonizó durante 43 minutos después que le suministraran una inyección defectuosa y cuyo caso suscitó mucha polémica en el país.

El magistrado conservador Samuel Alito afirmó ayer que “los testimonios aportados por las dos partes apoyan la conclusión de que el midazolam puede garantizar que una persona sea insensible al dolor”.

Además, el juez argumentó que los querellantes no han propuesto “un método alternativo, conocido y disponible de ejecución” al midazolam.

Por su parte, la jueza Sonia Sotomayor, junto a sus tres colegas progresistas, afirmó que la petición de un método conocido y alternativo citado por Alito “lleva a consecuencias claramente absurdas”.

“Como los demandantes han sido incapaces de demostrar la disponibilidad de un medicamento alternativo, el estado puede ejecutarlos por cualquier medio. La Octava Enmienda no puede tolerar esta conclusión”, agregó Sotomayor.

Por su parte, el juez progresista Stephen Breyer fue más allá y se cuestionó la constitucionalidad de la pena de muerte como castigo.

“En lugar de arreglar las fallas legales de la pena de muerte una a una, me gustaría celebrar una sesión para discutir una pregunta más básica: si la pena de muerte viola la Constitución”, aseveró Breyer.

Sentencia en mano, Oklahoma tiene ahora luz verde para volver a ejecutar y los primeros en la lista son Richard Glossip, John Grant y Benjamin Cole, los presos que interpusieron la demanda.

El caso de Glossip se remonta a 1997, cuando el preso pagó 10.000 dólares a un excompañero del hotel del que había sido despedido para que asesinara a su propietario, Alan Van Treese, según la sentencia.

Grant, por su parte, está condenado a muerte por el asesinato en 1998 de un trabajador de la cafetería de la cárcel donde cumplía condena por varios robos, mientras que Cole mató a su hija de nueve meses en 2002 porque le molestaba su llanto, según confesó.