Como “un acto inhumano, ilegal y contrario a todo principio ético y moral” fue calificado el trato de las autoridades del Gobierno contra las personas con discapacidad que participaron de la caravana que partió desde Cochabamba hasta La Paz, en demanda de un bono de Bs 500.
El criterio fue expresado por el defensor del Pueblo, Rolando Villena, quien dijo que causa sorpresa, indignación y amargura ver cómo el aparato represivo del Estado se ensañó, durante más de tres semanas, en contra de un puñado de 200 personas con discapacidad e intentaron descalificar y mancillar la movilización con todo tipo de acusaciones.
