Demanda de los discapacitados

No es lástima o simple solidaridad la que nos mueve a comprometernos en la lucha de los discapacitados, es ante todo, el principio de seguridad que debe proporcionar todo Estado a sus pobladores. La mayoría de los ciudadanos de a pie, debemos suplicar para que cumpla con su obligación de proporcionar seguridad ciudadana, fuentes de empleo, salud y educación de calidad y atención a los grupos vulnerables de la sociedad.

Como lo hicieron en sus movilizaciones del 2008, 2012, los discapacitados, que no son ajenos a ninguna familia boliviana, exigen atención a sus necesidades y actualmente esta demanda se concreta en la solicitud de una mínima renta de Bs. 500 para toda esta población afectada. El gobierno responde demagógicamente sosteniendo que esta vez sí cumplirá los 42 puntos que ya se habían comprometido en los años pasados y que fueron logrados, aunque únicamente en papel, por el sacrificio y la movilización de los involucrados y sus familias.

Igual como se paga los denominados pre-diarios para los privados de libertad en las cárceles, como se sostiene orfanatos, asilos y toda la salud y educación pública, se asume que un Estado moderno y civilizado tiene la obligación de atender debidamente a este grupo poblacional que realmente lo requiere, sin distinción entre leves, graves o muy graves, así como no se hace distinción entre los privados de libertad para asignar y proporcionar por igual fondos estatales.

Desde la ciudadanía ya se han dado bastantes sugerencias al gobierno de cómo pagar esta renta (impuesto a la coca, reducir los excesivos gastos del gobierno en publicidad y viajes, entre muchas otras), solo añadir que para que esta demanda no quede anulada en el tiempo por el sostenido y generalizado incremento de precios, será conveniente establecer su cálculo con mantenimiento de valor, por ejemplo en Unidades de Fomento a la Vivienda (UFV).

Estamos cansados de un gobierno que maneja todos los órganos del Estado, usa los impuestos que pagamos para confrontar a los bolivianos o despilfarrarlos incluso con manejos irregulares, no resuelve nada y se encierra en sí mismo para distribuir cargos entre sus correligionarios, sólo para generar discursos demagógicos a favor del gobierno, pero completamente vacíos de contenido y verdad.

El cierre de Enatex es la mayor demostración de que los gobiernos de corte neoliberal como el de Evo Morales, son incapaces de resolver los problemas sociales: de empleo, de salud y educación de calidad, pese a contar con los recursos económicos para hacerlo.

Estos gobiernos neoliberales tienen como eje común dejar en indefensión al conjunto de trabajadores y a los grupos más vulnerables de la sociedad, priorizando el uso de los recursos estatales, es decir de todos los bolivianos, para favorecer a empresas extranjeras y oligarquías locales de las cuales ellos mismos son parte.

El autor es docente titular de la UMSA y ex rector de la UPEA.