Vicepresidente terminará gestión

Senado de Brasil destituyó a Dilma Rousseff

• La exmandataria no fue inhabilitada para ejercer cargos públicos durante ocho años


La ahora expresidenta de Brasil, Dilma Rousseff (c), afirmó que se ha consumado un “golpe de Estado” con su destitución, resuelta por el Senado.

Brasilia.- Dilma Rousseff, la primera presidenta de Brasil, fue destituida ayer por el Senado como resultado de un juicio político que se le siguió por malos manejos administrativos. El poder pasó a manos del que era su vicepresidente y un declarado enemigo político suyo, Michel Temer.

La votación en el Senado tuvo un resultado incontestable, 61 votos a favor de la salida de Rousseff y 20 en contra, con lo que se rebasó con creces la mayoría calificada de dos tercios (54 votos), que era necesaria para destituirla del cargo.

HALLADA CULPABLE

El Senado halló a Rousseff culpable de incumplir la ley de responsabilidad fiscal, por haber modificado los presupuestos vía decreto, sin autorización legislativa, y porque consideraron que el Gobierno tomó créditos de la banca pública, algo prohibido por ley, al demorarse en hacer depósitos a esos bancos.

Durante el proceso, Rousseff negó que esas maniobras configuren irregularidades y también rechazó que ella tuviera cualquier intencionalidad al firmar los polémicos decretos, por lo que considera todo el proceso en su contra como un “golpe de Estado”.

El senador Lindbergh Faria gritó: “¡canallas, canallas, canallas!”, a quienes se disponían a votar a favor de la destitución, repitiendo las célebres palabras que profirió Tancredo Neves, uno de los líderes demócratas del pasado, cuando el Congreso apoyó el golpe de Estado de 1964.

Le respondió el senador Ronaldo Caiado, diciendo que los “verdaderos canallas” son los que “robaron” a la petrolera estatal Petrobras, un escándalo de proporciones gigantescas que salpicó al Gobierno de Rousseff, pero también a ministros de Temer.

CARGOS PÚBLICOS

Rousseff tuvo el alivio de salvarse de la inhabilitación para ocupar cargos públicos durante ocho años, un castigo que suele ir aparejado al cese forzoso de un político, pero que el Senado decidió no aplicarle ahora a la exmandataria.

La separación de ambas votaciones fue solicitada a última hora por el Partido de los Trabajadores (PT), mediante una moción que fue aceptada por el presidente del Tribunal Supremo, Ricardo Lewandowski, que presidió el juicio político en el papel de garante constitucional, y que causó polémica entre los opositores a Rousseff.

El propio presidente del Supremo también trató de humillar a los senadores, constituidos en jueces de Rousseff, al advertirles que la inhabilitación es un castigo amplio que le impediría incluso trabajar en el “merendero de una escuela pública”.

En la votación sobre los derechos políticos, 19 senadores cambiaron de opinión, por lo que no se alcanzó la mayoría calificada de dos tercios: el resultado fue 42 votos a favor de la inhabilitación, 36 contrarios y 3 abstenciones. (EFE)

 
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