Inalterable corrupción en la justicia

En el contexto general de la corrupción en el país, la Justicia se encuentra entre sus principales componentes. El Ministerio Público merece una consideración aparte, pero se debate en una crisis de falta de honestidad sin precedentes. En esta suma, no hay espacio en todo el andamiaje de la Justicia que se libre del estigma de la corrupción. No obstante, desde el Gobierno no se vislumbra ninguna decisión y los acuerdos de la famosa “Cumbre” sobre estos temas no tienen visos de aplicación, si bien, tampoco se le puede arrendar significativa solvencia en la materia.

Destacan 88 denuncias cursantes en la Cámara de Diputados que empiezan por magistrados de la cúpula del Órgano Judicial, vale decir Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Constitucional, Tribunal Ambiental, Consejo de Magistratura. En algunos casos solo se salva uno de sus miembros. Todos se encuentran en estudio del Comité del ramo de Diputados y la mayoría tiene un promedio de 7 años en trámite. El legislador secretario de dicho Comité prometió que para fines de agosto pasado se daría curso a los procesamientos respectivos, sin embargo nada ha trascendido al respecto.

En términos generales se puede decir que la falta de resolución en estas denuncias se debe a motivos político-partidistas y a lenidad, así como para no afectar la imagen oficialista que, al fin y al cabo, designó a todos los componentes denunciados y nadie desconoce que son militantes o afines al esquema gubernamental.

Refrescando la memoria, entre los estropicios relativamente recientes tenemos las dádivas recibidas del extraditable Belaunde, al menos por dos magistrados del Tribunal Departamental de La Paz, otro tanto parece haber sucedido con autoridades y funcionarios del Ministerio de Gobierno y al interior del Comité Nacional de Refugiados.

Aparece, a su vez, la “red de extorsión” del portafolio de Gobierno integrada por los abogados Boris Villegas (beneficiado con juicio abreviado), Denis Rodas Limache, Fernando Rivera Tardío, el ex fiscal Isabelino Gómez y unas 6 personas más.

El escándalo protagonizado por el fiscal Humberto Quispe con más de una decena de denuncias de litigantes caídos en sus manos. Recientemente fueron objeto de medidas cautelares dos vinculados a Quispe: un abogado o falso abogado y un fiscal, éste por haber rechazado de plano la denuncia de un ciudadano víctima de robo, delito que también se atribuye a Quispe.

En el Consejo de la Magistratura 4 de sus 5 miembros registran sendas denuncias, sin considerar las muchas que involucran a los consejeros departamentales. Entre las primeras, resulta descartada al presente una casi contemporánea a su designación, contra Cristina Mamani, sobre la presunta cotización para el nombramiento de notarios.

Este es un recuento modesto alrededor de tribunales y fiscales, pero no deja de ser un aporte de material para que el país sea catalogado como el segundo más corrupto de Sudamérica, después de Venezuela.