El contrabando vuelve a salir con la suya

Los últimos acontecimientos anti contrabando en Sabaya, con exiguos resultados, no hacen más que expresar la escasa acción estatal contra uno de los ilícitos más perjudiciales e impunes que crece por años, prácticamente a vista y paciencia del Gobierno. La Aduana Nacional a su vez se ve impotente y casi desamparada. Con medio centenar de efectivos (COA) hace lo que puede, pero las organizaciones criminales pueden más.

Sabaya a 200 kilómetros de Oruro y a 30 minutos en movilidad de Pisiga, frontera con Chile, ha sido identificada como refugio y depósito de mercadería ilícita. No es la única

población, ni mucho menos, que se presta como cómplice de contrabandistas. No peca de exageración afirmar que todas las poblaciones medianas o pequeñas cercanas a las 5 fronteras del país están comprometidas con idénticas acciones. Los pueblos del extenso altiplano que median entre las capitales y dicha colindancia internacional, cumplen ese papel antinacional a cambio de dádivas económicas. La industria nacional está herida de muerte a manos de estas organizaciones criminales, cuya consecuencia inmediata es el cierre de actividades productivas y la desocupación. San Matías en el Oriente, Yacuiba, Pando y otras poblaciones están fuertemente inmersas con el delito de contrabando.

Desde comienzos de la anterior semana se anunció un cerco a Sabaya con la certidumbre de que 50 camiones estaban albergados en los predios de la misma. En la presunta operación participaba la Policía, la Unidad de Control Aduanero de las FFAA, fiscales y la Aduana. El ingreso al lugar demoró una semana desde la declaración de Carlos Romero de que se trataba de una “operación muy compleja” y que prefería esperar las negociaciones con el alcalde Pedro Vilca. Los contrabandistas tuvieron tiempo más que suficiente para trasladar la mercadería a poblaciones vecinas, todo a pesar del cerco para “ahogar” el contrabando. Es triste que este cerco fuera tan ineficiente que la mercadería pudo fugar, aunque fuese de noche.

Estos son los procedimientos entre tímidos o ineficaces con los que se pretende combatir estos atentados, semejando un lento suicidio. Por supuesto, está en duda si el Gobierno combate efectivamente el mal o más bien lo tolera. Desde el 2006 se ha dictado decretos supremos como el que prohíbe la internación de ropa usada, pero no se cumplen.

El Alcalde de Sabaya se erigió en súper autoridad para impedir el ingreso de quienes representaban al Estado y por poco les pide pasaporte. Puso una gama de pretextos mientras ganaba tiempo para los fines ya señalados. Se amparaba en las largas dubitaciones del Ministerio de Gobierno.

El alcalde prometió la entrega del contrabando, pero éste consistía en electrodomésticos usados, palos de golf y pequeños fardos de ropa usada. Marlene Ardaya, presidenta de la ANB, exclamó “esto es una burla al Estado”, ante el fiasco. Solo entonces se incautó 9 camiones con mercadería, pero el grueso se hallaba a buen recaudo o había sido quemado. Cuando se antepone la política -no molestar a las bases de sustento del MAS- el país observa la parodia de una verdadera acción del Estado en servicio de sus intereses.