Desahucio del Tratado de 1904

Compatriota nuestra, Ofelia Michel Rico es autora del libro “La verdad detrás de la actual demanda marítima”, en circulación actual. Con base en sólidos fundamentos histórico-jurídicos, aconseja que sea desahuciado el Tratado de 1904 suscrito con Chile como resultado de la invasión armada que sufrió Bolivia. Se refiere a flagrantes vicios de nulidad que invalidan de pleno derecho aquel acuerdo forzado e inhabilitan su “intangibilidad” antes, durante y después del proceso, al haber recurrido Chile en principio a la revisión de cinco cláusulas del mismo instrumento. Este recurso permite la igualdad jurídica legal a nuestro país, ya que el mismo derecho de alzada -conforme principios del DIP- no prescribe.

Es innegable el incumplimiento chileno a posteriori y actual de todas las cláusulas del acuerdo, elaboradas con su propia letra, lo que al presente ocasiona perjuicios económicos a nuestro país, particularmente en el rubro portuario, aunque el tratado “garantizaba indefinidamente el libre tránsito de las mercancías bolivianas hacia los puertos chilenos en el Pacífico”.

La destacada obra toma como punto de partida el anuncio del presidente Morales para demandar a Chile por el incumplimiento del Tratado de 1904, ante organismos internacionales, un anuncio que ha generado esperanza y expectativas tanto al público nacional como a operadores involucrados en aquel patriótico esfuerzo nacional.

La autora presenta abundante fundamentación de derecho y doctrina, contenida en el marco general e histórico de tratados y convenciones bilaterales y multilaterales de vigencia anterior y actual, que regulan las relaciones internacionales. Definitivamente éstos no reconocen ni otorgan anexiones o apropiaciones territoriales fruto de “victorias militares”, por la fuerza de las armas, por el mal llamado derecho de conquista, con su patética divisa “los derechos nacen de la victoria”, que hoy exhibe el atropellador. No existe validez jurídica en el tratado, lo que deja en evidencia, al mismo tiempo, muchos vicios de nulidad, errores y dolo, así como una fragrante violación a preceptos y principios de la propia Convención de Viena, esencialmente por haber derivado en una acción de fuerza planificada y deliberada dolosamente, ya denunciada regional e internacionalmente en su momento.

Recordemos, asimismo -observa la autora-, el contundente recurso de revisión que Bolivia interpuso en aquella etapa ante la Liga de Naciones como protesta (con prueba plena), buscando la reversión del perverso “tratado”, con amparo en el Art. 19 del reglamento del propio organismo internacional, para revocar la injusticia acusada por toda la comunidad mundial, como la injusticia más grande cometida en contra de toda América Latina.

De esta forma, la acuciosa investigadora reconviene la actual estrategia iniciada por nuestro Estado como “distractiva y demagógica” (términos que no complacen a los mandamases de turno), ya que según la misma, el actual esfuerzo nacional representado por su equipo jurídico -en su objetivo principal- no apunta al germen de la controversia causante de nuestro enclaustramiento, que es el Tratado de 1094, que se constituye en el virtual “cuerpo del delito”.

En esa línea, el patriótico esfuerzo desplegado por nuestros compatriotas representantes al presente (en los prolegómenos de la réplica señalada para el 21 de marzo de 2017) está compelida a ser convincente y contundente, como hasta hoy, pero basada categóricamente en el recurso de revisión del Tratado de 1904, para una modificación profunda del mismo ante nuevas circunstancias, evitando un pernicioso diálogo de sordos para el cumplimiento de promesas soberanas unilaterales que el contumaz usurpador (ya lo viene anunciando) no las va a cumplir.

Para ello, la propia CIJ cuenta con una amplia y reciente jurisprudencia por los casos Colombia-Nicaragua, EEUU-Panamá, así como del reciente tratado Chile-Perú, acuerdos carentes inclusive de cláusulas expresas de revisión. El mérito pericial de la actual CIJ de La Haya para la solución de aquellas controversias fue persuadir a las partes para examinar aquellos instrumentos cuyos desenlaces derivaron -dicho sea de paso- en sentencias favorables a todos los contendientes. Se debe evitar en todo caso nuestra genuflexa postura actual de “no tocar el tratado” ni directa ni indirectamente.

Y es que en las audiencias del debate (en el futuro plenario) todos los caminos nos conducirán al análisis y revisión del ominoso Tratado de 1904, por cuanto es el conjunto de elementos objetivos que constituyen la figura delictiva en contra nuestra (por la pérdida de nuestro Litoral) descrita por la Ley Penal internacional. Es decir que no se puede discutir de religión sin hacer referencia a la Biblia. Esa realidad Chile la advirtió “mañosamente a tiempo”, intentando su evasión con un fracasado recurso de incompetencia, durante el inicio del proceso que hoy forma parte de la historia, como antecedente a favor de Bolivia.

Emilio Sahurie Luer, prestigioso internacionalista, y emérito docente de la Universidad Católica de Valparaíso (Chile), en un inusitado arranque de ética e hidalguía señala que “revisar un tratado se entiende como volver a someterlo a examen a fin de modificarlo. Pero hoy le damos una acepción más amplia; no es solamente la modificación de un instrumento original que permanece en vigor, es también su extinción y suspensión para poner en su lugar un estatuto provisorio, donde el Estado se someta a obligaciones diferentes de las primitivamente previstas”.

En conclusiones, debemos estar a la altura de los tiempos actuales, ya no es solo una opción jurídica de victoria o derrota ante tribunales internacionales; es también una necesidad histórica de una sociedad que espera madurez y racionalidad por parte de sus representantes y oponentes. La discusión debe darse sin pausa y de frente a la comunidad regional. Esta vez la justicia y la verdad deberán ganar a la especulación demagógica.

Hoy, dicho sea de paso, con el apoyo de sectores populares e intelectuales chilenos que afirman, públicamente y sin ninguna aprehensión, que ¡el mar es de todos y también de Bolivia!

El autor es abogado.

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