Impuesto al consumo de alcohol

El alcoholismo tiene un crecimiento geométrico en Bolivia y la tendencia es creciente, porque no hay algún mecanismo público que lo restrinja. De esta manera, sin incurrir en exceso, puede ya decirse que este es un país de alcohólicos.

Nada preocuparía si su consumo desmedido no tuviera graves consecuencias sociales. Hay mucho que anotar al respecto, pero unas cuantas menciones pueden ser muy ilustrativas, porque afecta a miles de hogares y, peor todavía, a la juventud actual, que está adquiriendo el mismo vicio.

Recientes informes policiales refirieron que el 70 por ciento de los asesinatos de mujeres se produce porque el esposo llega ebrio a la casa. El saldo es funesto, porque la pérdida de una vida preciosa en los hogares afecta, por lo general, a los hijos, peor cuando son todavía de corta edad.

Porque, como corresponde, el padre es encarcelado y, consiguientemente, a los niños se les afecta por doble partida, pues quedan sin progenitores, por tanto en el abandono. Y cuando la familia era pobre, su situación se torna desastrosa.

Por todo ello, es necesario adoptar alguna medida que por lo menos frene el alcoholismo. Los recursos policiales tienen muy poco efecto. La solución más probable sería imponer un impuesto al consumo de bebidas alcohólicas.

Podría ser de un 20 al 30 sobre el precio comercial que tienen actualmente los singanis, los piscos y la cerveza. Sólo de esta forma puede por lo menos reducirse la afición o tendencia hacia el alcoholismo. En la apariencia, los impuestos tendrían una reducción, pero con el ajuste de sus precios puede lograrse un cierto equilibrio.

Empero, finalmente, ni el Estado ni los municipios se sientan afectados por sus consecuencias, pues no es posible que organismos públicos realicen sus gastos, sea en obras o con sólo el empleo, a costa del alcoholismo, por tanto de la mala calidad de su sociedad.

En todo caso, la primera tarea que tienen que cumplir es precisamente a favor de su sociedad y la mejor manera de hacerlo puede ser cuidando la vida de sus poblaciones, reduciendo o mejor aún eliminando de ella el alcoholismo.

Para ello, la tarea fundamental de los sectores públicos es contar con sociedades sanas, libre de vicios y peor todavía, a costa de la vida de esposas que son las que mayormente confrontan los efectos malignos del alcoholismo.

Si alguna autoridad considera que esta propuesta es inaplicable o inconducente, entonces por qué no aplica otra medida mejor contra el alcoholismo, o es que ellas son las que se encuentran entre los que se aferran a este vicio.

De acuerdo con el diccionario, vicio significa “disposición o tendencia acostumbrada a lo malo”. Con ello se demuestra que, efectivamente, se hace mal en adquirir el hábito por el alcoholismo.

En primer término, afecta a la calidad de la persona y como consecuencia a la familia, pero en este caso no sólo tiene esta consecuencia, sino que priva a ella de disponer de una mejor alimentación y vivienda. Asimismo, a la educación de los hijos y, en general, a su bienestar.

Para esto, lo mejor sería que el afecto al alcoholismo no se case y tampoco vaya a perjudicar a mujeres que tienen derecho a tener condiciones de vida que las hagan felices o por lo menos que sean tranquilas y dignas, sin sufrir violencia ni las precariedades que genera tener un compañero de vida adicto al alcoholismo.