Condenado a 30 años de prisión resultó inocente

Los graves errores de la mala administración de justicia se muestran con el caso de una persona que el año 2015 fue condenada “por asesinato a 30 años de prisión, no obstante no existir las pruebas pertinentes, por fiscales y jueces”. Debido a la “aparición” del verdadero asesino, el supuesto criminal fue liberado luego de pasar en la cárcel más de dos años. El detenido por crimen o asesinato (no “feminicidio” -adjetivo que no es otra cosa que eufemismo que no debería utilizarse-) fue declarado inocente de los cargos, según informe de la FELCC, cuyo director en Santa Cruz declaró: “Hemos enmendado este error para evitar que un inocente pase preso por un crimen que no cometió”.

El hecho muestra clara, categórica y contundentemente, la calidad de fiscales y jueces que tuvieron a su cargo el caso; señala el informe, por otra parte, la irresponsabilidad de quienes estaban encargados de investigar y aportar las pruebas suficientes, como es la misma FELCC, los fiscales y los jueces que muestran incapacidad absoluta para el desempeño de los cargos que tienen y, además, la insensibilidad y actuación criminal al haber acusado, juzgado y condenado a una persona inocente. El caso muestra que si el verdadero autor no confesaba el crimen que había cometido por celos, todo quedaba en la impunidad.

Fiscales y jueces que tuvieron a su cargo el asunto merecen la condena general de la colectividad y, por supuesto, de las autoridades que lo primero que deberían hacer -conjuntamente las organizaciones de profesionales, como son los colegios de abogados- es prohibirles el ejercicio de la abogacía, anular sus títulos y obligarlos a que paguen las compensaciones pecuniarias a quien fue su víctima y es inocente de todo cargo. Por supuesto, nadie podrá restituirle al inocente el sufrimiento pasado durante el juicio y el tiempo en que estuvo preso y con la certeza de tener que pasar 30 años de cárcel por un delito no cometido. Todo el daño psicológico que ha sufrido no podrá ser reparado y tardará mucho tiempo en recobrar las condiciones que debería tener física y psicológicamente.

El gobierno, además de las sanciones de ley que deben ser aplicadas a los autores de semejante injusticia, está obligado a hacer las compensaciones debidas y, sobre todo, sentar precedentes para el futuro. Las universidades y colegios de abogados e instituciones del Derecho tienen la obligación de revisar su actuación en cuanto a la formación y reconocimiento de quienes ejercen la profesión de abogados. Este caso es, además, para que fiscales y jueces actúen con más sentido de responsabilidad y no juzguen a imputados de supuestos delitos hasta no haberse comprobado fehacientemente los crímenes cometidos.

No sentar precedentes con este caso es ignorar la moral, las leyes y el sentido de respeto y consideración por los derechos humanos. La víctima de la “equivocación” debe ser resarcida en todo sentido del daño causado, aunque le quede el dolor y la amargura, además de la decepción por la calidad de administración de justicia que se tiene en el país.