Fue suspendido

Presentan cuarta denuncia contra juez Rivadeneira



Consejo de la Magistratura suspendió de sus funciones al juez Fernando Rivadeneira.
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Familiares del cabo de policía, Juan Alberto Quispe de 47 años, presentaron una nueva denuncia contra el juez sexto de materia en lo penal cautelar de La Paz, Fernando Rivadeneira, esta vez ante una resolución por la cual se dio libertad a otros tres funcionarios policiales imputados por tentativa de homicidio, agresión por la cual Quispe se encuentra postrado en estado de coma.

El Consejo de la Magistratura determinó ayer suspender de sus funciones al juez Rivadeneira en el marco del proceso disciplinario que se abrió en su contra, por la detención domiciliaria con la que benefició al delincuente brasileño Antonio Abdón da Silva Costa, supuesto cabecilla del grupo que trato de atracar la Joyería Eurochronos en Santa Cruz y cayó abatido por la policía el pasado 13 de julio, luego de ocasionar la muerte de un oficial y una funcionaria de ese establecimiento.

POLICÍA

María Arteaga, esposa de Quispe, afirma que los tres camaradas de su esposo lo golpearon, hasta dejarlo en ese estado. El hecho sucedió el 17 de julio en la localidad Gran Choro, donde estaban destinados los cuatro.

Según la mujer, los imputados reconocieron el hecho, pero en audiencia cautelar Rivadeneira les otorgó medidas sustitutivas. El reclamo por la resolución fue presentado ante la Fiscalía de Distrito. Este sería la cuarta denuncia presentada en contra del juez.

MAGISTRATURA

El representante departamental de la Magistratura, Williams Dávila, informó ayer que esta determinación era oficial pero aún faltaba realizar la notificación al juez.

“Es una suspensión temporal por faltas gravísimas, porque en la liberación del brasileño no ha tomado en cuenta algunos aspectos del procedimiento y eso nos preocupa y esencialmente es la falta de una resolución de competencia que nos tienen que dar a los jueces paceños, porque el caso vino del Beni y vamos a ver quiénes han conocido  la causa”, manifestó.

POLÍTICOS

Sobre el mismo caso, el jefe de bancada de Unidad Demócrata (UD), Edwin Rodríguez, en conferencia de prensa, aseguró que Silvia Rengel Álvarez esposa del juez Rivadeneyra, era la directora del Servicio Nacional de Migración dependiente del Ministerio de Gobierno y que incumpliendo la Ley de Migración 370, en su artículo 26, que prohíbe el ingreso a territorio boliviano de personas con sentencia condenatoria,  permitió el ingreso del ciudadano brasileño Da Silva.

“(Se pedirá informe sobre) su relación marital, con la esposa que no hizo nada, para cumplir la Ley 370 que establece que no se debe permitir la estadía de delincuentes”, afirmó Rodríguez.

El asambleísta, también aseguró que el juez Rivadeneira contaba con notas de aplazo en la Escuela de Jueces y solo logró aprobar con 12 puntos otorgados por el directorio de esa instancia.

Anunció la petición de informe escrito al ministro de Gobierno, Carlos Romero, para que explique las razones, porque las que no se expulsó al delincuente brasileño, quien además estuvo preso en la cárcel de Chonchocoro de La Paz, por haber participado anteriormente en otro atraco a una joyería en Santa Cruz.

ESPOSA

Ante estas acusaciones, en horas de la tarde, la directora del Servicio Nacional de Migración, Cosset Estenssoro, salió a desmentir las afirmaciones del legislador y además de aclarar que Rengel Álvarez no ocupa la dirección aclaró que, la funcionaria “no ha participado en ningún acto administrativo relacionado con el ciudadano Antonio Abdón da Silva Costa”.

Dando lectura de un comunicado, Estenssoro afirmó que en el caso de Da Silva, este no contaba con registro migratorio, “se encontraría en una situación migratoria irregular, por otra parte, tampoco registra trámite de permanencia ni temporal ni definitiva ni tramites de naturalización alguna”.

La directora de Migración, también aclaró que no se tiene registro de ninguna alerta o pedido de búsqueda para da Silva.

En la misma conferencia, Rengel Álvarez aclaró entre lágrimas, que era funcionaria pública desde sus 20 años y que no tenía relación con el trabajo que desempeñaba su esposo y menos con el proceso que hoy causa de investigaciones.

Sobre las declaraciones del jefe de bancada de UD aseguró: “Cualquier personas (que hablo sobre el tema) debería pedir disculpas, especialmente cuando se trata de una mujer idónea, como yo me considero”, declaró a EL DIARIO.

 
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