Marchas y bloqueos, síndrome de ineficiencia

Desde fines del siglo pasado, las principales capitales, en particular la ciudad de La Paz, eran escenario de diversas clases de manifestaciones sociales, protagonizadas por trabajadores de algunos sectores sociales, obreros, campesinos, clase media, gremiales, etc., que demandaban a los gobiernos soluciones para problemas económicos y administrativos. Esas reacciones callejeras inclusive derivaron en una acción conjunta que determinó la desestabilización de algunos gobiernos o la convocatoria a elecciones, de tal forma que nuevas autoridades enfoquen sus actividades a resolver los problemas planteados con tanta insistencia.

Naturalmente, los cambios de gobierno fueron motivo de una esperanza para que el país ingrese a la normalidad y desaparezcan las causas de la intranquilidad social, mediante la solución de las causas que determinaban el desorden, la intranquilidad y daños a la economía nacional y de la ciudadanía. Los nuevos gobiernos tenían la responsabilidad de resolver no solo conflictos de gran magnitud sino también casos concretos.

Sin embargo, los sucesivos gobiernos que surgieron desde entonces no solucionaron los problemas y, por consiguiente, continuaron las marchas, bloqueos, etc. y ya no solo de algunos sectores sociales, sino también de otros nuevos, formando así un estado de cosas que ha puesto a la población en constante tensión y ya no puede soportar la alteración de sus actividades. Se ha llegado al extremo de provocar un estado de histeria colectiva, esperando que termine de una vez tal situación y que el gobierno adopte medidas no solo para lograr estabilidad social, sino también su propia estabilidad.

Pasados más de diez años de existencia del gobierno actual, la ola de marchas, manifestaciones, huelgas y hasta brotes subversivos (como el de Achacachi) ha continuado, tanto en cantidad como en calidad. Ya no se trata de acciones callejeras de alguna importancia, sino de atentados violentos que han puesto al país al borde de una convulsión de grandes alcances. Es más, cuando se esperaba que el gobierno actual ponga fin a esta crisis y dé a la ciudadanía un respiro para normalizar su amargada vida y sus interrumpidas labores, se encuentra que en vez de mejorar o cambiar la situación, ésta ha empeorado y tiende a agravarse, sin que exista la menor esperanza de retornar al orden.

La evolución de la situación social del país no ha cambiado, ni mucho menos en relación con años anteriores. Más aún, ha empeorado. Este resultado sería, por tanto, producto de que los problemas que vienen desde hace decenios no han sido solucionados y continúan presionando como causas que tienen sus respectivos efectos. En esa forma, la realidad presente de desorden y hasta de características subversivas sigue presente, pese a los diagnósticos de que el país sigue gozando de bonanza, que todo está en situación de prosperidad, que reina la tranquilidad, que ha pasado el tiempo de la desestabilización de los gobiernos.

La ola de agitación social que vive la sede de gobierno es el mejor indicador de que en la actual realidad política del país existe un mar de fondo, vale decir que los grandes problemas nacionales y democráticos no han sido resueltos y que seguirán presionando en las formas ya conocidas hasta encontrar las soluciones que requieren. De ahí que las críticas a los movimientos callejeros diarios deben ser tomadas en cuenta, buscando comprensión y soluciones reales, no meros parches y remedios caseros.