El alto costo de un alcalde cuestionado

En diversos medios sociales se opina que por una aguja se perdió un telar, figura literaria aplicable a la conmoción que produjo el empecinado alcalde de la localidad de Achacachi al no renunciar a su cargo, acusado por la población de su jurisdicción de actos de corrupción y por el supuesto apoyo del oficialismo que sostiene, contra viento y marea, que el retiro de esa autoridad debe ser tramitado por vía revocatoria para ratificar o destituir al citado funcionario.

El problema que ya dura más de un mes y amenaza prolongarse, pudo haber sido resuelto en un día, acatando la voluntad popular de su municipio y así evitar graves disturbios, daños económicos, problemas políticos e inclusive crear una situación peligrosa que podía llegar a la desestabilización del gobierno, ya que estuvo a punto de extenderse a otras regiones.

Los perjuicios que ocasionó el caprichoso alcalde fueron desproporcionados en relación con el problema que originó el conflicto, pues son irreversibles los daños causados no solo a la provincia Omasuyos, sino a todo el departamento de La Paz y en especial a la población indígena, cuyos integrantes tienen intensas relaciones de todo tipo, inclusive con la región fronteriza de Perú.

Si por un lado, esas pérdidas fueron de alto costo, por otro, los efectos políticos a nivel nacional no se dejaron esperar y no fueron menores. En efecto, el gobierno sufrió notorio desprestigio por actuar con lentitud y lenidad en resolver a tiempo el asunto del alcalde aludido a título de “principio de autoridad”, “prioridad constitucional” y otros argumentos inoportunos. En ese sentido, no solo quedó sin respaldo de la población de Omasuyos, sino, en particular, de los campesinos de la región y de otros distritos del país, hasta de la COB y los agricultores de Yungas de La Paz, todos los cuales, generalmente, se orientan con las decisiones que se adopta en Achacachi y no solo en el presente, sino desde tiempos de la invasión de los ejércitos del incario.

La acción policial de tipo militar para frenar el levantamiento indígena, que pudo ser la chispa que incendie la pradera, solo pudo ser apagada con la presencia de 1.600 policías bien pertrechados que debieron recurrir a la violencia física, el apresamiento de numerosos trabajadores, mujeres y jóvenes, dejando escapar al caudillo regional y sin aplicación de su “plan pulga”. Fue una acción similar a la de Chaparina, Caranavi y otras menores y aún de los tiempos del latifundismo feudal.

En esencia, la escasa y adecuada iniciativa oficial en resolver un asunto de mínima cuantía estuvo por desestabilizar al régimen, hecho que recuerda aquel antiguo adagio que dice: “Por un herraje se perdió un caballo; por un caballo se perdió un príncipe y por un príncipe se perdió un reinado”.