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Caso pareja desaparecida

Uno con detención preventiva en San Pedro y otro domiciliaria

• El celular de Carla Bellot fue comprado en el Barrio Chino de El Alto.

El juez 1ro de Instrucción en lo Penal, Román Castro, ordenó ayer la detención preventiva de Jhonny S. en el Penal de San Pedro, quien habría vendido el celular de la desaparecida Carla Bellot a una tercera persona, la Policía presume que el imputado tendría nexos con personas dedicadas a la trata y tráfico de personas.

En horas de la tarde se llevó a cabo la audiencia de medidas cautelares para determinar la situación jurídica de dos personas, identificadas como Jhonny S. y Edwin C. quienes fueron aprehendidas ayer por el Departamento de Análisis Criminal (DACI) tras verificar sus vínculos con la venta del celular de Bellot, desaparecida junto a Jesús Cañisaire el pasado 1 de enero, cuyo paradero es desconocido desde año nuevo.

En la audiencia cautelar el Ministerio Público señaló que el imputado Juan S. estaría presuntamente vinculado con una red de antisociales dedicados a la trata y tráfico de personas, quienes venderían los objetos personales de sus víctimas para después desaparecerlas.

DESCONOCÍAN ORIGEN

Por otra parte la defensa de los imputados alegó que sus defendidos desconocían el origen del celular vendido a una tercera persona (testigo) y que los mismos no tendrían relación con la pareja desaparecida y menos habrían estado en la discoteca Planta Baja el día de la desaparición.

Según la versión de Siñani, una persona cuyo nombre desconoce, le habría entregado el celular para que lo venda, pero refirió en su defensa que coadyuvará con la investigación del caso.

Por su parte, Edwin C. explicó a la autoridad judicial que su única relación con Siñani implicaría la venta de celulares porque en ciertas ocasiones éste (Siñani) guardaría su mercadería en el local donde vende este tipo de artefactos.

DETENCIÓN PREVENTIVA

El juez, al escuchar los fundamentos de las partes implicadas en el caso resolvió dictar detención preventiva en la penitenciaría de San Pedro para Siñani, porque no presentó ninguna documentación que descarte riesgos procesales, pues no demostró tener domicilio fijo ni trabajo establecido.

En cuanto a Cruz, éste fue beneficiado con detención domiciliaria toda vez que desvirtuó toda posibilidad de perjudicar las investigaciones. No obstante, la autoridad consideró que esta persona significa un peligro para las víctimas y que su libertad constituye un riesgo.

“Al ciudadano Cruz se le prohíbe comunicarse con los co – imputados, testigos y otras personas en otro caso aperturado en un juzgado distinto a este. Además, no podrá acercarse a su negocio establecido en la calle Tiawanaku porque el mismo ahora será objeto de investigación” sentenció el juez Castro.

El fiscal asignado al caso, Marco Antonio Vargas, explicó que los nexos entre Siñani y Cruz con personas dedicadas a la trata y tráfico de personas esta en investigación, “… ahora estamos investigando todos los nexos entre los imputados y otras personas que se dedicarían a la trata y tráfico de personas, no daremos más datos para no entorpecer la investigación” finalizó.

 
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