Paralización vandálica por el transporte

El gremio de los transportistas incumple su compromiso del año 2016, de mejorar el servicio y suprimir el “trameaje”, no obstante el incremento del pasaje. Su vandalismo ha paralizado nuevamente la ciudad en oposición a la compra de más unidades del La Paz Bus (PumaKatari) por la Alcaldía Municipal. Los chóferes alegan que esas unidades les restarán ingresos que, como se sabe, perciben en abundancia. Sin embargo, fieles a sus pactos políticos con el Gobierno no formularon reclamo alguno por el sistema teleférico -administrado por el mismo Gobierno- y su enorme crecimiento con nuevas líneas.

En la noche anterior al paro, el Ministro de Gobierno se comprometió a que la vía troncal y sus accesos principales se mantendrían expeditos, objetivo para el que había instruido la intervención de 900 policías. Éstos no aparecieron u oficiaron de mirones, extremo que confirma, a su vez, el pacto político señalado y existente.

La población paceña vive sojuzgada por la prepotencia de los trasportistas, socapada por el Gobierno Central, situación de la que debe tomar debida nota la ciudadanía. Son repetidas veces que las vías más estratégicas de La Paz amanecen bloqueadas por toda clase de vehículos del trasporte público, conspirando contra una normalidad elemental que los pueblos civilizados del Siglo XXI están obligados a garantizar. En nuestro medio algo semejante es inconcebible.

Los chóferes aprovechan la excesiva tolerancia y pasividad de los vecinos ante este repetido atentado, haciendo notoria la carencia organizativa de los barrios o zonas, cuya presencia se hace más que necesaria por la inacción de la Policía para imponer respeto a los derechos colectivos en casos como el presente.

Un capítulo destacable de las condiciones en las que se transporta al público, en especial, en los llamados “minibuses” y anexos, es el de la incomodidad en el interior de los mismos: asientos estrechos, destartalados y desvencijados, colocación de éstos en filas que sobrepasan la capacidad interior, falta de agarraderas, ventanas trancadas, suciedad, etc. La Alcaldía Municipal es responsable de estas irregularidades por su incapacidad de contar con un reglamento que establezca condiciones mínimas de comodidad, omisión que se extiende a lo largo de 40 años del servicio de los minibuses.

En este conflicto los bloqueadores objetan los gastos de mantenimiento del La Paz Bus (PumaKatari), servicio que en todas partes del mundo deben facilitar o subsidiar los gobiernos municipales, obviamente con recursos impositivos. En cambio, los transportistas no ven la enorme subvención del Tesoro Nacional para el funcionamiento del sistema teleférico, ni la cuantiosa inversión que supone.