Invertir para reducir la violencia contra mujeres

La violencia contra las mujeres sigue siendo un atentado contra los derechos humanos más generalizado a nivel mundial. Una de cada tres mujeres sufre violencia durante su vida, a menudo a manos de una persona conocida, querida y en la que confía. Casi la mitad de las mujeres del mundo es víctima de homicidio. La violencia contra las mujeres, especialmente niñas, es una grave violación a los derechos humanos, pues arruina vidas, causa enfermedades y provoca dolor y sufrimiento incalculables.

La violencia contra las mujeres no sólo conlleva gastos médicos y judiciales, también afecta presupuestos nacionales y de hogares. La arraigada desigualdad entre mujeres y hombres, en materia de oportunidades y derechos, junto con las actitudes y las normas sociales que toleran esta violencia, han convertido el problema en constante. Para que el fin de la violencia contra las mujeres pueda hacerse realidad se requiere leyes que las protejan y castiguen drásticamente a los perpetradores, así como servicios que ayuden a reconstruir las vidas de las mujeres y medidas de prevención.

Muchos analistas reconocieron que el fin de la violencia contra las mujeres es un requisito indispensable para la consecución de la agenda para el desarrollo. En relación con la igualdad de género, esa agenda contiene una meta específica: eliminar todas las formas de violencia contra las mujeres, incluidas la trata y la explotación sexual y otros tipos de explotación. No obstante, los recursos asignados para este tema no se ajustan a la magnitud del desafío. Así se han manifestado mujeres en movilizaciones a nivel mundial. En Bolivia la asignación de fondos es irrisoria. Pero no solo se trata de una obligación jurídica y un imperativo moral, sino de una inversión sólida.

La ley estadounidense de 1994 contra la violencia contemplaba 1.600 millones de dólares de apoyo programático durante cinco años, con la imposición de sanciones más fuertes contra los perpetradores y la mejora de los recursos de la policía, los fiscales y los encargados de atender a las víctimas. Investigadores calcularon que se consiguió ahorrar 14.800 millones de dólares, reduciendo las pérdidas directas de bienes, necesidades de atención sanitaria física y psicológica, actuaciones policiales, servicios a las víctimas, pérdida de productividad, menor calidad de vida y muertes.

Según pruebas disponibles, las inversiones oportunas y bien dirigidas pueden aportar mucho para poner fin a la violencia contra las mujeres, particularmente las niñas, en todo el mundo.