ANP denuncia persecución a medios independientes

Todo muestra que el gobierno estaría empeñado en “hacer la vida imposible” a medios de comunicación que disienten con él, que no siempre aprueban las medidas y disposiciones que son de conveniencia del gobierno y su partido; no otra cosa significa el hecho de que hay una persecución persistente a muchos medios de comunicación por el caso de cargas tributarias; pretensión de fijar un impuesto con destino a un seguro de vida para periodistas y, además, la obligación de difundir gratuitamente la propaganda gubernamental.

Todo señala que, para muchas autoridades, la libertad de expresión, aprobada y apoyada por la Constitución Política del Estado, es un eufemismo; es, sobre todo, un serio obstáculo para el gobierno. No hay visos de que se entienda que la libertad de expresión, manifestada por los medios de comunicación, como son prensa, radio y televisión, es un derecho inalienable del ser humano y nadie, por poder que tenga, puede obstruirla, regularla, cancelarla, boicotearla, atentar contra ella y menos hacerlo contra los medios que son reflejo de esas libertades.

“La mayoría de los medios de comunicación de línea independiente al gobierno del Movimiento al Socialismo (MAS), sufren persecución de varias formas, una de ellas es la aplicación de 12 leyes y decretos que obligan a la difusión gratuita de propaganda gubernamental”, denunció la Asociación Nacional de la Prensa, en un foro sobre libertad de expresión. También denunció la pretensión del gobierno de “crear un seguro de vida para los periodistas con el pago de un nuevo impuesto del uno por ciento del total de los ingresos reales y efectivos de los medios y que es equivalente a un tercio del impuesto a las Transacciones”. (ED 20/4/18).

El caso es preocupante y si se pretende utilizar disposiciones para que los medios publiquen gratuitamente propaganda gubernamental, se corre el riesgo de que se ocupe las páginas de los diarios y los espacios en radios y televisión con cuestiones ajenas a la línea observada por los medios y que no siempre son coincidentes con las posiciones contrarias a la libertad de expresión que querría ejecutar el gobierno con fines político-partidistas o, en su caso, con objetivos electoralistas.

Estas disposiciones, de hacerse efectivas, comprometerán seriamente la libertad e independencia de los medios que tienen conciencia de que su libertad e independencia les permite cumplir en libertad su misión de servicio y lo hacen inclusive destacando aciertos que puedan tener las autoridades, sin dejar por ello la libertad de crítica y orientación que cumplen, atenidos a la verdad y principios de honestidad y responsabilidad.

El gobierno, conjuntamente gobernaciones y municipios, debería cumplir políticas de canalizar equitativamente la publicidad y propaganda que necesitan y no hacerlo solamente en aquellos medios que son afines a él. Por otra parte, deben hacerlo cancelando las cuentas que correspondan. Atentar con medidas punitivas contra la prensa no es otra cosa que violar la Carta Magna, al poner trabas, cargas impositivas y crear nuevas obligaciones que terminarían por afectar seriamente a las empresas y, en casos extremos, provocar su cierre.