Exigen auditorías sobre “indemnizaciones”

La millonaria indemnización del Gobierno a la empresa chilena Quiborax ($us 42.6 millones) por la reversión de concesiones de explotación de ulexita en el Salar de Uyuni, en 2004, abrió dudas en el empresariado privado del país a raíz de las denuncias del expresidente Carlos Mesa, en sentido de que la defensa de la Procuraduría fue un “desastre” al no haber concretado un preacuerdo.

Ante esta situación, el presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Marco Antonio Salinas, pidió al Gobierno proceder con auditorías a objeto de establecer la legalidad de los pagos realizados (indemnizaciones) en el caso de las refinerías, telecomunicaciones y otras empresas que fueron nacionalizadas en los primeros años de gestión del actual Gobierno.

Salinas señaló que no sólo es el caso Quiborax, sino son varios procesos arbitrales que se han resuelto de otra forma, pero que no se tiene la información clara de cómo se solucionaron. “El exprocurador Héctor Arce siempre dijo que se llegó a un acuerdo y se pagó menos de lo que demandaban”, agregó.

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