Amplían proceso contra seis militares

La justicia militar determinó ampliar la investigación en contra de otros tres oficiales y un sargento y dos suboficiales en el caso del atraco al puesto de la Armada, en Porvenir, Pando, donde se sustrajeron 9 fusiles AK16, 11 cargadores y 5 pistolas el pasado 16 de junio, informó el ministro de Defensa, Javier Zavaleta.

“Son un oficial y tres suboficiales que han sido incluidos en el sumario, hemos pedido que entren dos oficiales más. En realidad todos están siendo investigados por haber abandonado el puesto militar, porque en ese momento estaba abandonado y por la pérdida del material (armamento)”admitió ayer Zavaleta.

Entretranto, el sargento Rodrigo Chura Cruz, que estaba de guardia en el puesto militar y quien, según su abogado Omar Duran, fue flagelado para que se inculpe por el robo de las armas y está impedido de realizar declaraciones o denuncias sobre los excesos que se estarían cometiendo debido a este asunto.

“Ha habido una prohibición por parte del Alto Mando Militar y de la Armada mediante radiogramas que los tengo documentados donde prohíben que estén agarrando armamento y éste armamento ha sido robado justamente del furrelato donde debíeran tener la seguridad debida. Los que violaron las normas no son slos sargentos al mando de este puesto militar adelantado, es el Alto Mando Militar que da disposiciones incoherentes que hace que estas cosas sucedan”, puntualizó Durán.

A su vez, el Ministro Zavaleta señaló que el proceso abierto en la justicia militar contra estos miembros de la Armada, podría terminar con sanciones menores desde la suspensión y llegar hasta el retiro obligatorio de los efectivos de las FFAA.

TORTURA Y ABANDONO

En conferencia de prensa en el Estado Mayor, ayer, Zavaleta respondió a las consultas por las versiones en sentido de que los oficiales de la Armada, a cargo de la Capitanía Menor Bruno Racua, abandonaron el puesto para ir a jugar futbol en otra población y la denuncia acerca del sargento, Rodrigo Chura Cruz de haber sido víctima de tortura para inculparse por el robo de las armas.

PARTIDO DE FUTBOL

“Lo que está claro es que ha habido una falla de seguridad bastante grande. No podía haber sucedido lo que ha ocurrido, ahí hay responsabilidades concretas de los oficiales que estaban a cargo de ese puesto militar y también de los suboficiales. Por tanto, pase lo que pase no van a poder evadir su responsabilidad”, aseveró Zavaleta.

La pasada semana, Duran responsabilizó de las agresiones físicas contra su cliente al teniente coronel del Ejército, Jaime Herrera y anunció que presentaría una denuncia penal en la Fiscalía una vez logre comunicarse con el sargento para identificar a otros oficiales que también participaron de la tortura.

Al respecto Zavaleta afirmó que “el abogado de este sargento ha optado (hacer la denuncia por la tortura), en la vía ordinaria, entonces será en esa vía que tramite (la investigación) si es que fue agredido o no. Aun así, ese oficial y ese sargento están procesados, en el sumario, por la pérdida de las armas”, remarcó el Titular de Defensa.

NI RASTROS

Hasta ayer, el Ministerio de Defensa desconocía el paradero de las armas ni los delincuentes ni se brindó mayores detalles sobre el proceso por el que un brasileño ya fue remitido al penal de máxima seguridad de Chonchocoro.

Zavaleta reiteró que hay seis personas detenidas, aunque no supo precisar en qué instancia pero aseguró que existen avances, luego de sostener contacto con su par de Brasil con el cual coordina operativos para identificar a los posibles involucrados, aunque desconoce si existen detenidos en el vecino país.

UN ENCARCELADO

En este caso, el pasado sábado, Odelio Becerra da Costa, el brasileño aprehendido la pasada semana en Porvenir, fue enviado con detención preventiva al penal de Chonchocoro en La Paz.

La fiscal departamental de Pando, Patricia Romero, detalló que el brasileño fue imputado por los delitos de robo agravado, robo de armamento y munición militar, además de lesiones graves y leves.

Becerra da Costa fue aprehendido el 18 de junio, en un allanamiento a un domicilio ubicado en el barrio La Amistad y avenida Bolivia, acompañado de dos personas de sexo femenino. Sobre uno de los colchones en esa vivienda se encontró un arma de fuego tipo pistola marca Taurus calibre 9 mm con número de serie TBV07752 (propiedad de las FFAA), con su respectivo cargador y almacenamiento de 15 proyectiles.