Universitarios continuarán con protestas

Managua.- La Alianza Universitaria Nicaragüense (AUN), que aglutina a estudiantes que se oponen al Gobierno de Daniel Ortega, advirtieron ayer que seguirán protestando contra las autoridades, a pesar de que la Policía Nacional llame "ilegal" cualquier manifestación de oposición.

"Seguimos decididos como pueblo a continuar manifestando nuestro repudio y desconocimiento al régimen Ortega Murillo, a través del movilización pacífica", informó la AUN, en un comunicado.

Al igual que los sectores intelectuales de la población nicaragüense, la AUN considera que la Policía Nacional se extralimitó el viernes pasado al considerar "ilegal" cualquier protesta contra el Gobierno, ya que la Constitución de Nicaragua garantiza el derecho a manifestarse, incluso sin permiso de las autoridades.

La AUN resaltó que "esta insurrección cívica no tiene ninguna comandancia ni dirección nacional", ante el anuncio emitido por la Policía el viernes pasado, de arrestar a quienes llamaran a protestar contra el Gobierno, pues los manifestantes son "autoconvocados", según los estudiantes.

El anuncio de la AUN llegó luego de que ayer el secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Pablo Abrão, avisó que el Gobierno de Nicaragua parece estar "estableciendo un régimen de prohibiciones en el país, (que) parece apuntar a una transformación de un Estado de derecho a un estado de excepción".

Los estudiantes han sido afectados, no sólo por el asesinato de decenas de ellos en las manifestaciones, sino también con el retiro definitivo de la matrícula en las universidades estatales a quienes participan en las protestas y la destitución de académicos que los apoyan, según los integrantes de la AUN.

Tanto la CIDH como la oficina del Alto Comisionado de la Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) han responsabilizado al Gobierno de Ortega por "más de 300 muertos", ejecuciones extrajudiciales, torturas, obstrucción a la atención médica, detenciones arbitrarias, secuestros, violencia sexual, entre otras violaciones a los derechos humanos.

Organismos humanitarios locales han calculado hasta en 512 el número de muertos, con más de 300 "presos políticos", mientras el Gobierno reconoce 199 víctimas y 200 "golpistas" detenidos.

Ortega ha negado ser el responsable y mantiene que es un intento de "golpe de Estado".

Las protestas contra Ortega y la primera dama y vicepresidenta, Rosario Murillo, se iniciaron el 18 de abril pasado por unas fallidas reformas de la seguridad social, y se convirtieron en una exigencia de renuncia. (EFE)