Nueva embestida a trabajo periodístico

Nuevamente el presidente Evo Morales, durante un acto público efectuado en Potosí, ayer manifestó su interés de enfrentar a la “mentira” de “políticos de la derecha, el imperio y los medios de comunicación”.

También acusó a los medios de comunicación “porque la mayor parte es de los privados, de algunos terratenientes, grandes industriales y por eso defienden sus intereses mintiendo al pueblo boliviano”.

Anunció asimismo, la formación de “guerreros digitales” con reclutamiento de “jóvenes campesinos” para “combatir la mentira desde las redes sociales”.

Considerando que no es la primera vez que Morales acusa a los medios de mentir y que en agosto pasado propuso una ley para sancionar a los que supuestamente se dedican solamente a mentir, organizaciones de defensa de la libertad de expresión en Bolivia, recordaron que el pasado mes de octubre, en Salta, Argentina, durante su 74 Asamblea, la Sociedad Interamericana de la Prensa (SIP) rechazó la pretendida “ley contra la mentira” afirmando que “el real interés del Gobierno es limitar el ejercicio de la libertad de expresión en Bolivia”.

El presidente de la SIP, Gustavo Mohme, en agosto pasado declaró a la agencia internacional Efe, que “cuando a un mandatario le incomodan las denuncias de corrupción y las opiniones contrarias, suele promover la aprobación de esta clase de estatutos con la intención de silenciar y censurar la crítica”.

La propuesta de Morales surgió pocos días después de acusar a la oposición y a algunos medios de comunicación de “difundir mentiras para desacreditar a su Gobierno”.

Desde 2016, la SIP viene denunciando que el Gobierno de Bolivia califica de “cártel de la mentira” y “terroristas mediáticos” a periodistas, diarios y emisoras de radio independientes que realizan trabajos de investigación periodística.

El presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, Roberto Rock, citó la Declaración de Chapultepec en la que se establece que “ningún medio de comunicación o periodista debe ser sancionado por difundir la verdad o formular críticas o denuncias contra el poder público”, cuyos funcionarios están expuestos a mayor escrutinio.

Varias organizaciones locales de prensa rechazaron la propuesta, entre ellas la Asociación Nacional de la Prensa (ANP), por considerar que la medida atenta contra la Constitución y los tratados internacionales que garantizan el ejercicio de libertades y de los que Bolivia es signatario.

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