El país enfrenta juicios ante la CIDH y la ONU

Es sumamente grave y preocupante para la colectividad nacional -y debería serlo en grado extremo para el gobierno- el hecho de que nuestro país confronte 61 juicios; buena parte ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y los otros ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas por diversas causas, cuyo detalle sería muy extenso para una nota editorial como la presente; pero llama la atención que se hayan acumulado tantos casos, sin que se informe claramente sobre cada uno de ellos, tanto de los mismos procesos como sobre el curso que tienen.

El país, con un cúmulo semejante de juicios, se ve, pues, sumamente comprometido y da señales de que posiblemente el problema de tanto atraso se deba a la falta de institucionalidad, que no atiende debida y oportunamente cada uno de los juicios que pesan gravemente sobre el prestigio y seriedad del país. Por supuesto, hay que tener en cuenta que, al margen de los indicados, existen juicios ante tribunales arbitrales que tienen que ver con el caso de “deudas por nacionalizaciones y otros”, pues han demandado al país muchas empresas y reclaman montos millonarios que, dicen, se les debe pagar en calidad de indemnización.

El informe de “rendición inicial pública de Cuentas de la Procuraduría General del Estado (PGE) 2019 establece que el Estado Boliviano enfrenta 61 juicios ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, por la violación de derechos humanos”. “El documento detalla los casos que se registran en las distintas etapas de las siete que fija la comisión. Un total de 39 peticiones se encuentran en el estado de admisibilidad en la etapa de fondo ante esa instancia con 11 casos. En proceso de solución amistosa hay tres trámites, en la fase de cumplimiento de sentencia son 4 casos y un proceso en la etapa de disputa entre las partes”.

“En el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas se tramitan tres casos, dos de ellos son de los ex-legisladores Rebeca Delgado y Eduardo Maldonado; en abril de 2017 esa instancia internacional emitió una sentencia contra el Estado Boliviano donde determinó que hubo violación de los derechos políticos por no dejarlos participar como candidatos…” (ED 24-5-19).

El documento es ampuloso y requeriría que las autoridades del país lo estudien e informen a la opinión pública sobre sus contenidos y estado en que se encuentra cada uno de los juicios. De todos modos, no corresponde que todo quede para las “calendas griegas”, como muchas veces ocurre con problemas que atingen al Estado y que algunos gobiernos descuidan su atención debida y oportuna. Estos casos son angustiantes y preocupantes y no pueden ni deben ser dejados en esperas, ya que con el tiempo pueden adquirir mucha gravedad.