Municipios vetarán nuevos asentamientos en Chiquitania

Luego de las resoluciones adoptadas por el Cabildo cruceño, los alcaldes de la Chiquitania cierran filas en defensa de su territorio. En San José de Chiquitos darán vida a una norma que vetará a los nuevos asentamientos en ese municipio; mientras que en San Ignacio de Velasco anuncian la exclusión de nuevas comunidades campesinas en tanto no se realice una auditoría y se regularice la información de la dotación y tenencia de tierras. Desde Guarayos piden articular mesas técnicas para transparentar la política pública agraria.

Según publicación de El Deber, el alcalde de San José, Germaín Caballero, dijo que esperan la convocatoria cívica para definir la forma técnica y operativa de las acciones para hacer cumplir la resolución y el ultimátum del Cabildo.

Uno de los alcances que incluirá la norma, según reveló, será la verificación técnica y social en función del asentamiento, permanencia y productividad de las comunidades. “La que no esté asentada y produciendo, por más que tenga autorización del INRA, no será tomada en cuenta, incluyendo las comunidades nuevas aprobadas por la estatal de tierras, pero que aún no tomaron posesión”, advirtió.

Aludió que desde 2013, en San José se han contabilizado 26 asentamientos y que existen 400 nuevas comunidades campesinas con autorización y ‘confirmación de vuelo’ para aterrizar en dicho municipio chiquitano. “No permitiremos más ocupaciones y defenderemos nuestro territorio”, puntualizó Caballero.

En esa misma línea, el alcalde de San Ignacio de Velasco, Moisés Salces, indicó que tienen vigente una norma que prohíbe las ocupaciones en la zona, pero que pedirán, además del cumplimiento imperativo, no dar curso a nuevas comunidades en tanto el INRA no realice una auditoría técnica al procedimiento y se sanee la información referida a la dotación y tenencia de la tierra.

Desde Guarayos, el alcalde Suizo de Nilson Carrasco, sugirió a la estatal de tierras conformar mesas de trabajo para esclarecer los procedimientos que emplea el INRA en la administración pública y repartición de tierras. Dijo no estar de acuerdo con el desalojo.

El director del INRA, Roberto Polo, indicó que esa entidad está cumpliendo la ley, en sentido de regular derechos de asentamiento de comunidades en lugares que son de producción.

TIERRAS ‘ITINERANTE’

Se abre un nuevo episodio en la batalla por la tenencia de tierra en la Chiquitania. Ayer venció el plazo dispuesto por el Cabildo cívico, para que el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) proceda al desalojo de asentamientos ilegales, que vinculan a las quemas y desmontes que se realizan desde agosto y que, a su vez, derivaron en los incendios que aún afectan la flora y fauna de esa región.

Ante esta situación se conformó una Comisión de Tierras, integrada por un representante cívico, y uno municipal de cada uno de los municipios que conforman el Bloque Chiquitano. Asegura que si la respuesta del INRA es negativa, se activa de inmediato el trabajo de esta comisión.

Por otro lado, el director nacional del INRA, Roberto Polo, anticipó a El Deber que consideran como “errada la determinación (del Cabildo)”, ya que aseguran que cumplen las normativas vigentes para la dotación de tierras productivas.

La Comisión de Tierras, bajo la tutela de los cívicos provinciales, consiste en la instalación de reuniones ‘itinerantes’, es decir de un municipio a otro, en las que se expondrá información sobre denuncias de avasallamientos.

CAMPESINOS EN EMERGENCIA

Dirigentes campesinos e interculturales advierten que no desalojarán las tierras en la Chiquitania. Señalan que se encuentran en estado de emergencia y responderán cualquier hecho de violencia.

“Si quieren desalojarnos van a tener que hacer miles de cajones porque muertos nos van a sacar”, manifestó Jacinto Herrera, ejecutivo de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, en contacto con los medios de comunicación.

Herrera señaló que lo definido en el Cabildo es discriminatorio y considera que lo que pretende el Comité Cívico es un enfrentamiento pues los asentamientos han cumplido todas las normas vigentes.