Inconsecuencia gubernamental

La enmienda de supresión de ayuda económica por parte de EEUU a algunos países latinoamericanos, entre ellos al nuestro, por supuesta interferencia y/o resistencia al proceso democrático (ajeno al problema del narcotráfico), ciertamente sorprende y desconcierta por lo inesperado, a sólo tres meses de la reanudación de relaciones con aquel país, suscrita en el marco del “respeto al desarrollo humano, económico, social y cultural de manera sostenible”. Ello confirma la falta de celeridad y presteza del actual Gobierno, a través de su Cancillería, para un inmediato desarrollo de esta nueva relación en beneficio de nuestro país.

No obstante el exabrupto anterior, se confirma una vez más lo que viene sucediendo en nuestro país, que insoslayable y deplorablemente deviene del incumplimiento de principios y derechos hoy vulnerados indiscriminadamente por el Gobierno. Tales vulneraciones son encubiertas, lamentablemente, por el propio Poder Judicial, en contra de pueblos originarios y libertades ciudadanas, DDHH, libertades individuales, así como agresiones físicas en contra de periodistas, falta de libre acceso de la prensa para obtener información y difundirla, lo que ya fue denunciado y está en conocimiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

En consecuencia, retornando al tema económico (al margen del orgullo y arrogancia del Gobierno), es innegable el deterioro de nuestra economía por aquella disminución de ayuda económica, habida cuenta de la paralización y empantanamiento de nuestras industrias, la falta de protagonismo de nuestro gas natural, pronto a ser reemplazado por el GNL argentino, y la consiguiente disminución de las exportaciones, etc. Es oportuno hacer un breve recuento de nuestra situación económica actual.

“¿Dónde se encuentra Bolivia en el contexto regional?, señala con puntualidad el Informe Nacional de Coyuntura 108 emitido por la Fundación Milenio, afirmando que Bolivia es uno de los que menos ha invertido en comparación a los ingresos que ha recibido por el aumento en el valor de las exportaciones. Lo anterior se suma a varias despropósitos que el actual Gobierno viene cometiendo como resultado de inconvenientes e irreflexivas resoluciones en contra no sólo de nuestra política de relaciones exteriores y las consiguientes secuelas que afectan nuestra economía.

Recordemos, en este sentido, el abandono y renuncia al Acuerdo de Libre Comercio (ATPDEA) con Estados Unidos, desperdiciando preferencias arancelarias que estaban en práctica desde tiempo atrás. Deplorablemente, se lo hizo en el marco de la extraña lucha “contra el imperio y el capitalismo”.

La reciente intención de denunciar al Tratado de Viena, junto a la amenaza de revisión de los tratados y convenios bilaterales de protección de inversiones, suscritos con 24 países, imponiendo por nuestra parte “condiciones”, no obstante la advertencia de economistas sobre los riesgos en los futuros nuevos emprendimientos que se desarrollen en Bolivia, así como el retiro anunciado de Bolivia del Centro Internacional de Arreglo de diferencias relativas a inversiones (CIADI), encargado de regular las inversiones entre estados nacionales, y la expulsión de una agencia de convenio internacional multilateral, siempre en el marco de nuestras relaciones internacionales, culminan hoy con el colapso de nuestras relaciones económicas comerciales con la misma Venezuela, que según expertos se encuentran “en su peor momento”. Esta situación adquiere gravedad política desde el momento en que Venezuela se había comprometido con Bolivia para absorber los productos que nuestro país dejó de exportar a Estados Unidos debido a la suspensión, por parte de Washington, del programa arancelario.

Como corolario exasperante de todo lo anterior, el Gobierno a través de su anterior Ministro de la Presidencia afirmaba que esa situación ¡no es preocupante para Bolivia! y que no afectará el devenir económico del Estado, que goza de buena salud y no necesita ayuda extranjera, pues los recursos necesarios serán erogados por el TGN en el marco de su programa presidencial “Bolivia Cambia”.

En conclusiones, el actual Gobierno debe comprender y admitir definitivamente que actúa en nombre de Bolivia, que somos parte de una comunidad internacional, aceptando definitivamente esa coexistencia.

El autor es abogado.