Del Granado advierte nueva represión gubernamental

Un nuevo momento represivo, así definió el jefe nacional del Movimiento Sin Miedo (MSM) Juan del Granado, al inicio de las descalificaciones de parte del Gobierno central contra la anunciada novena marcha indígena. Asimismo, el líder opositor dijo que la anterior semana derivó la documentación sobre el presunto sobreprecio de la carretera Villa Tunari – San Ignacio de Moxos ante la embajada del Brasil.

Según Del Granado, las autoridades del gobierno del Movimiento Al Socialismo (MAS) está preparando una nueva represión como ocurrió el 25 de septiembre del año pasado en Chaparina, hecho que no tiene ningún avance procesal en el Ministerio Público.

“Están preparando otra Chaparina y esto nos debe alertar a todos para que no ocurra, para atarle las manos al Gobierno sobre una nueva actitud represiva en contra del TIPNIS. Están apuntando a otro momento represivo, a otro momento de recorte de libertades democráticas, a otro momento de acción antidemocrática en contra de una dirigencia y de una población y del país, no nos vamos a quedar con los brazos cruzados”, declaró en entrevista con Erbol.

En criterio de Del Granado, las acusaciones del ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, responden a una estrategia para deslegitimar una movilización que podría ser mayor a la registrada el año pasado.

Asimismo, el jefe del MSM dijo que envió documentación sobre el supuesto sobreprecio que habría sido cancelado por el Gobierno central a la empresa constructora OAS, ante el embajador de Brasil, Marcel Fortuna Biato.

“Yo lo voy a seguir afirmando, 100 millones de dólares de sobreprecio. Esto lo debe investigar el fiscal, esta comisión de fiscales que no están investigando. El 27 de septiembre, además de denunciar la represión, la violación a los Derechos Humanos hemos denunciado al menos 100 millones de dólares de sobreprecio en la carretera. Es un estudio realizado no por nosotros sino por la asociación de ingenieros de Cochabamba”, señaló Del Granado.

Sobre la represión de Chaparina, exigió a la Fiscalía de Distrito de La Paz a activar el proceso contra el exministro de Gobierno, Sacha Llorenti y la expresidenta de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) Patricia Ballivián, acusados por el frente político por la represión y el supuesto sobreprecio, respectivamente.

El ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, acusó el domingo mediante los medios estatales, a los indígenas de Tierras Bajas por obstruir el desarrollo del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS) así como supuesta malversación de fondos por el mantenimiento de un tramo carretero.