Oposición pide censo y Gobierno afirma suspensión del tramo II

Si solo una de las 13 centrales regionales participará del proceso de la consulta denominada “previa” que pretende el Ejecutivo, debería existir un censo o registro que determine quiénes y cuántas personas participarán de este proceso, explicó el diputado por Convergencia Nacional (CN), Juan Luis Gantier.

“Hay que ver quiénes son los propietarios originarios del territorio comunitario de origen. La información que tenemos es que estas 64 comunidades pertenecen la subcentral del TIPNIS, es decir los propietarios de esta reserva nacional”, dijo el legislador.

Por lo tanto, correspondería la realización de un censo que actualice los datos de los habitantes que conforman los pueblos yuracaré, mojeño trinitario y chimanes, que son parte de la Central Regional de Pueblos Étnicos Mojeños del Beni (CPEM-B), la cual esta conformada por las 64 comunidades del TIPNIS.

“Ellos tienen más potestad de decidir, que aquellos colonos que recién han llegado a la zona. Si los colonos son parte de estas 64 comunidades, es necesario un censo para ver quiénes son pobladores originarios y quiénes son originarios”, puntualizó.

Mientras la ministra de Comunicación, Amanda Dávila, aseguró que la suspensión del tramo II por parte de la empresa constructora OAS, es una decisión definitiva por parte del Gobierno, pese a los procesos que tenga que enfrentar el Ejecutivo.

“El Gobierno ya ha decidido la suspensión del tramo II, no va haber ningún movimiento de ninguna piedra en el tramo II. Esta suspendido. Puede haber efectos legales y económicos pero el Gobierno esta dispuesto a asumir eso”, señaló Dávila.

Además indicó que aparato estatal analiza la forma como encarará el contrato que existe con la empresa OAS y las consecuencias que traerá la firma de este documento, en caso de que se tenga que rescindir el mismo.

El proceso de consulta a las comunidades del TIPNIS para definir la construcción del segundo tramo de la carretera Villa Tunari – San Ignacio de Moxos se aplicará el mes de mayo según la Ley 222. La norma no especifica la consulta a 64 comunidades, pero sí afirma que serán partícipes los pueblos indígena, originario, campesino Moxeño – Trinitario, Yuracaré y Chimán.