Gobierno tiene plazo hasta el 16 para responder a empresa Jindal



Jindal Steel & Power Limited exige al Gobierno que le otorgue garantías de que no será nacionalizada, para continuar al frente del proyecto de explotación de la mina de hierro El Mutún

El Gobierno tiene plazo hasta el lunes 16 para responder a la empresa Jindal Powell con la que firmó un contrato para la explotación del hierro en la zona del Mutún. La empresa hindú quiere que incluya el adéndum sobre la dotación de tierras saneadas y la otorgación de 10 millones de metros cúbicos de gas.

En caso de que el Ejecutivo no responda hasta el lunes, la empresa Jindal Steel, subsidiaria de la empresa mayor dará por hecho la ruptura del contrato, lo que implica que el gobierno tendrá que emprender otra acción de defensa judicial.

Los representantes legales de la empresa que invierte en el oriente del país señalaron que cumplieron con la alícuota que les corresponde al haber invertido más de los 600 millones de dólares hasta el 1 de abril pasado, tal cual manda el contrato.

Aunque de acuerdo con la versión de la Agencia de noticias EFE, el abogado de la filial boliviana, Jorge Gallardo, confirmó que Jindal Steel exigió garantías que la empresa no será nacionalizada para seguir en Bolivia.

La Pasada semana hubo un reencuentro entre los representantes de la empresa y el Gobierno y se elaboró un acta de entendimiento, lo que se interpretó como un signo de acercamiento, luego que el Ejecutivo decidió cobrar la segunda boleta de garantía de 18 millones de dólares.

Jindal fue contratada en 2007 para explotar la mitad de El Mutún, yacimiento situado en la región oriental de Santa Cruz, limítrofe con Brasil y Paraguay, que tiene 40.000 millones de toneladas de distintos minerales, principalmente hierro.

La firma comunicó hace más de un mes su decisión de abandonar el proyecto con el argumento de que no había condiciones de seguridad legal y de provisión de gas natural para continuar trabajando en el mismo y existía un retraso de hasta tres años en sus objetivos.

La empresa pide “condiciones y garantías para invertir en el país”, que cese una investigación de fiscales sobre sus inversiones y la persecución penal de sus ejecutivos, comentó el abogado Gallardo en declaraciones a EFE.

 
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