El Gobierno aprueba DS 1368 que delimita explotación de veta Rosario

El Gobierno aprobó ayer el Decreto Supremo 1368 que respalda el convenio suscrito con los mineros asalariados y cooperativistas de Colquiri, para la designación de las áreas de explotación de la veta Rosario.

El nuevo Decreto Supremo lo hizo conocer el ministro de Gobierno, Carlos Romero, en cumplimiento del convenio suscrito el 29 de septiembre del año en curso entre los trabajadores de la cooperativista 26 de Febrero, el sindicato minero de Colquiri, el Gobierno, además de las representaciones nacionales y otros sectores, para poner fin al conflicto de Colquiri.

La disposición señala en su artículo primero que se modifica el parágrafo dos del artículo tres del Decreto Supremo 1264 del 19 de junio de 2012, por lo que se establece que la Corporación Minera de Bolivia (Comibol), cumpliendo con la normativa vigente, firme un contrato de arrendamiento sobre la veta Rosario a favor de la Cooperativa 26 de Febrero de acuerdo con el plano presentado en el decreto”, explicó la autoridad.

En el documento también se establece las asignaciones realizadas a favor de las partes. “Hacia el norte de la línea de referencia 82 N de la veta Rosario corresponde a la Cooperativa 26 de Febrero y al sur a la Comibol. Considerando que el ramal Rosario N, en su integridad, es para el sector de cooperativistas, mientras que el ramal D, para Comibol.

“El transformador queda en manos de Comibol y la rampa en poder de los cooperativistas; esto, con la finalidad de precautelar las operaciones del centro minero de Colquiri. Ambos sectores asumen el compromiso de cuidar las chimeneas de ventilación y los servicios de agua y aire para el buen funcionamiento del yacimiento”, expresó.

En ese marco, la autoridad manifestó que en las siguientes horas Comibol debe suscribir un contrato de arrendamiento con la Cooperativa 26 de Febrero, para el inicio de sus operaciones, “y de seguro será necesario realizar una pericia de campo para que en el yacimiento se identifiquen las áreas de trabajo”, dijo.

Sin embargo, Romero también manifestó que la cooperativa 26 de Febrero no puede aliarse o firmar acuerdos con otras empresas privadas o transnacionales para la explotación de la veta Rosario que le corresponde, así como también debe asumir, al igual que la Comibol, la responsabilidad en el pago a la compañía Sinchi Wayra, luego que se conozca el estudio que defina las inversiones que hizo esta empresa en la mina.

Tras el acuerdo y la aprobación del decreto, el Ministro de Gobierno consideró que los mineros de ambos sectores deben retomar sus trabajos de operaciones en el yacimiento, ya que el conflicto se cerró con la promulgación de esta nueva norma.

“No debería haber ningún motivo para impedir el ejercicio constitucional de los cooperativistas y asariados para que retornen a sus domicilios y sus fuentes de trabajo”, dijo.

Al referirse al caso de la familia del asalariado Choque, quien falleció durante el conflicto, dijo que “hay que aguardar un fallo judicial para proceder a la indemnización correspondiente; sin embargo, de manera voluntaria el Gobierno ofreció ayuda humanitaria, para lo cual se realiza gestiones ante la Unidad de Gestión Social de la Presidencia”.