Miles de vecinos paralizan labores de Alcaldía en Oruro

Oruro, (EL DIARIO).- Miles de vecinos de las juntas vecinales periurbanas paralizaron por segundo día consecutivo las actividades de la Alcaldía Municipal de Oruro, reclamando la aprobación de sus planos y la continuidad de sus trámites, para aportar por lo menos con 5 millones de bolivianos para que el gobierno municipal realice obras.

“Nosotros queremos aportar con 5 millones de bolivianos para el gobierno municipal, pero la alcaldesa Rossío Pimentel Flores no quiere”, afirmó el presidente del comité de defensa de las juntas vecinales de la zona Sureste de la ciudad, Carlos Espinar, luego de una marcha de miles de personas afiliadas y la toma de las oficinas.

Las puertas de Obras Públicas Municipales, Tesoro Municipal y el edificio principal fueron cerradas con pancartas y candados y en el mismo lugar se asentaron los vecinos, para que nadie ingrese ni salga de las oficinas. La marcha se inició a las 9:30 horas. Después de recorrer por las calles, se planificó el cierre total de las oficinas.

Las juntas vecinales reclaman la aprobación de sus planos de urbanizaciones, después de haber cancelado los impuestos de ley, pero el trámite fue “suspendido desde hace dos años, por la Alcaldesa Pimentel, sin que hasta la fecha explique el motivo a simple denuncia de supuestas irregularidades”.

“Cada vez nos han tomado el pelo. Cada que hay movilizaciones, nos muestran un documento y otro documento. Nos han prometido resolver el problema en seis meses, pero ya han pasado dos años y la alcaldesa se pierde. Nosotros estamos dispuestos a impulsar la revocatoria de mandato de la alcaldesa, si no nos escucha”, afirmó Espinar.

Por su parte, Agapito Nuñez, vicepresidente de la Federación de Juntas Vecinales, dijo que se ha planteado a las autoridades municipales, “una reunión urgente con la participación de la Alcaldesa, los concejales, el Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo y la Prensa, para resolver estos problemas”.

Dijo que, hasta el pasado domingo, las autoridades municipales “no querían aprobar los planos, porque dudaban de la legalidad de la propiedad de la familia Urquidi, pero ahora que ya existe una sentencia del Tribunal Agroambiental de Bolivia, confirmando su legalidad, ya no existe pretexto para seguir paralizando nuestros trámites; en cambio, los avasalladores, los ilegales, siguen quitando terrenos, casas y humillando a la gente”.

Los empleados municipales entregaron ayer dos decretos municipales, donde en el primero, se “crea un nuevo ordenamiento jurídico y administrativo” municipal, donde se desconocen “las resoluciones concejales”, motivo por el cual “la Alcaldía no acatará la regularización de planos que se encontraban en observación”.

El segundo “decreto municipal” aprueba un nuevo reglamento de “regularización de planos”, pero deja muchas dudas a los vecinos de que se cumplan esas normas porque “no están aprobadas por el Concejo Municipal”.