Políticas chilenas en contra de Bolivia

El que los gobiernos chilenos, sin distinción alguna, adopten siempre posiciones contrarias a Bolivia, es característica desde la misma invasión a Antofagasta en el año 1879, cuando se inició la guerra de despojo en contra de nuestro país. Sus autoridades, sean nacionales o del rango que sean, han obedecido ciegamente los dictados del militarismo chileno y no hay un solo aspecto en el que se reconozca los derechos bolivianos.

Recientemente un candidato al municipio de Santiago hizo declaraciones fuera de lugar, contrarias a todo sentimiento de respeto y consideración; cree seguramente el candidato que sus expresiones le asegurarán votos y, además, la posibilidad de catapultarse a situaciones más altas además de buscar el apoyo militar para cualquier situación. ¿Qué se cree dicho ciudadano mapochino para sumir actitud tan intemperante, malcriada y hasta ajena a toda consideración de respeto? Buena parte del pueblo chileno, que tiene suficiente cultura y sabe de las demandas bolivianas, seguramente que, en su fuero interno, condenó las expresiones lanzadas.

Para los bolivianos, expresiones que van en contra de nuestros derechos no deberían tener importancia, pese a que lo expresado no sólo nos ofende sino que lastima al propio pueblo chileno que no siempre tiene las mentes obnubiladas por el odio y los complejos. Para los militares, se diga lo que sea, acreciente su soberbia y los hace sentirse más seguros de la posición que tienen.

Son muchas las pruebas que se han dado en los gobiernos chilenos y hasta en el dictatorial del señor Augusto Pinochet, sobre la posición que mantienen y que está muy lejana de la justicia. Hoy, la política chilena está en apronte permanente para Bolivia y ha extendido esa posición hacia el Perú porque existe un reclamo muy serio ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya. Claro que el Gobierno peruano mantiene mucha cautela en sus declaraciones y espera, pacientemente, lo que vaya a resolver el Tribunal Internacional.

Así, mientras surgen posiciones como la del candidato a alcalde, Chile continúa aprovechándose del río Lauca y de las aguas de los manantiales del Silala sobre lo que sostiene tener derechos, aunque son aguas que proceden de bofedales en territorio boliviano y que, finalmente, han despertado la inquietud de una autoridad potosina para aprovechar legítimamente esas aguas y, si cabe, ceder parte a Chile siempre que hayan las compensaciones financieras que la ex presidenta Michelle Bachelet había prometido.

Lo que corresponde ahora es que el Gobierno no ceda en su posición de reclamar nuestros derechos y rechazar declaraciones malcriadas y torpes de cualquier ciudadano chileno que asume derechos que no tiene; de otro modo, si inclusive nos atenemos a que la OEA, dirigida por un político chileno, trate sobre los derechos bolivianos, esperaremos resultados siempre adversos a nuestros reclamos.

Finalmente, se debe convenir en que para el magno problema de nuestro retorno al Pacífico, el Gobierno debería mantener un Consejo Consultivo permanente, integrado por ex presidentes y ex cancilleres para que, conjuntamente, estén al tanto de todo lo que se haga y aconsejen lo más conveniente.