Crece tendencia para legalización de las drogas en Latinoamérica

El Diario y EL PAÍS.- El debate se abrió con fuerza a principios de año cuando dos mandatarios centroamericanos dieron a conocer su posición respecto al narcotráfico en el continente americano y la creciente violencia que este crimen organizado provoca para mantener su mercado en cada país, además del problema que representa la lucha contra este delito para todos los gobiernos de la región.

El grado crítico de violencia causado por el narcotráfico en Latinoamérica ha metido el viejo debate sobre la legalización de la droga por primera vez en la agenda de presidentes en activo. Los mandatarios de Guatemala y El Salvador, Otto Pérez y Mauricio Funes, correspondientemente, han llamado a analizar la opción de regular el comercio del tráfico de estupefacientes, y la presidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla, ha recogido el guante diciendo que no se opondría a un debate “serio y riguroso”. Estos pronunciamientos de líderes centroamericanos refuerzan la línea abierta en noviembre de 2011 por el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, que se mostró partidario de legalizar la marihuana y la cocaína si eso permitía “erradicar la violencia del narco”, y consolidan el primer frente gubernamental crítico con la política de prohibición a ultranza comandada por Estados Unidos.

Roto el huevo de la regulación con la declaración conjunta que hicieron Pérez y Funes el 13 febrero, el volumen mediático del asunto ha subido tanto que incluso el Gobierno de Felipe Calderón -principal cancerbero de la estrategia estadounidense de fuego y represión penal durante el sangriento sexenio en que ha dirigido México- ha aceptado la idea de poner el problema sobre la mesa. Su ministra de Exteriores, Patricia Espinosa, reconoció que es necesario promover el debate “a nivel internacional”.

Esta incipiente corriente de cambio entre los que mandan ahora en América Latina, a su vez, robustece el sólido movimiento de regulación que ya formaban algunos de los que mandaban antes, y que, sin sillones presidenciales en juego, embisten de frente contra el modelo que impone Estados Unidos. “Su política ha fracasado”, sentenció en el Foro Drogas de Ciudad de México el expresidente brasileño Fernando Henrique Cardoso. César Gaviria, exmandatario colombiano y correligionario de Cardoso en la Comisión Global sobre Políticas de Droga (motor del debate entre la élite internacional), se explayó en el mismo congreso contra el veto de Washington al esbozo de un nuevo modelo: “¿Vamos a seguir poniendo nosotros tantos muertos porque ellos no sean capaces de discutir el problema?”.

Los asesinatos y la corrupción institucional se expanden entre el norte de Sudamérica, zona mayoritaria de producción de la droga, y Estados Unidos, centro mundial del consumo, asolando cada vez más la zona intermedia de las rutas del narco: Centroamérica y México.

El Salvador y Guatemala ocupan el segundo y el séptimo puesto en la lista de países con más homicidios publicada en 2011 por la ONU con datos de 2010. Ese año murieron asesinados 66 de cada 100.000 salvadoreños y 41 de cada 100.000 guatemaltecos. Los focos, sin embargo, miran hacia la sangría mexicana, proporcionalmente menor, pero de unas medidas desmesuradas. En los últimos seis años, según cifras oficiales, han muerto 47.500 ciudadanos por crímenes vinculados al mundo del tráfico de drogas, y la tasa de homicidios se ha doblado de 10 a 20 asesinatos por cada 100.000 habitantes con respecto a 2006, final del mandato de Vicente Fox.

El gran consumidor, Estados Unidos, donde según la ONU se concentra el 37% del consumo mundial de cocaína, se aferra entretanto a su credo prohibicionista. Inmediatamente después del giro brusco del exgeneral Otto Pérez, que antes de ganar la presidencia en enero prometía más mano dura y ahora encabeza el cuestionamiento de la guerra contra el narco, la embajada estadounidense en Guatemala emitió un comunicado granítico: “La legalización supondría una amenaza a la salud y a la seguridad pública”. Su esfuerzo global contra el tráfico de estupefacientes, sin embargo, está disminuyendo. El Gobierno de Barack Obama invertirá en 2013 un 17% menos que en 2012 en su batalla global contra el tráfico de drogas, de 422 a 360 millones de euros.