Censo 2012 y las fracturas del alma (pluri) nacional

La conflictividad registrada antes y durante el censo 2012 y aquella prevista para la fase post censal constituyen una radiografía que revela las fracturas que atraviesan nuestra sociedad. El problema no sólo radica en la naturaleza de las contradicciones reflejadas, sino, ante todo, en la actitud que adoptamos para no resolverlas y postergarlas. Me refiero a las controversias limítrofes, intermunicipales e interdepartamentales e incluso interdistritales que brotaron como hongos en tiempo de lluvia.

No están al margen de este mapa de problemas irresueltos las consignas intimidatorias de organizaciones campesinas y juntas vecinales, respecto al eventual despojo de tierras y terrenos a aquellos vecinos que no acatarían sus resoluciones sobre el lugar de empadronamiento. Poco sirvieron las declaraciones oficiales sobre su ilegalidad. La respuesta escéptica no se dejó esperar. ¿Acaso las organizaciones sociales empoderadas respetan la ley? Entre tomas, expropiaciones y desconocimiento de los derechos, viven en el reino de la impunidad.

Conviene aclarar que ni la Ley de Participación Popular, con su criterio poblacional de redistribución de recursos fiscales, ni los censos son la causa de estas tensiones larvadas durante años de vida del Estado Boliviano. Fueron más bien circunstancias para visibilizarlas e interpelar, no sólo la irresponsabilidad política y técnica de los pasados procesos de creación de Unidades Políticas Administrativas (UPAs), sino ante todo la anomia, la cultura rentista y patrimonial que marca las relaciones entre sectores sociales, y entre la sociedad y el Estado. En cada momento se multiplican los síntomas de desagregación y de un chauvinismo localista que pierde el horizonte de la condición de unidad (pluri) nacional. ¿Qué sucederá a la hora de redistribución de escaños legislativos y de enrumbar el pacto fiscal? No será fácil.

Lamentablemente, la realización del censo no pudo blindarse ante la desconfianza que va más allá de las falencias técnicas y operativas registradas durante su realización. No recuerdo que el censo 2001 haya estado rodeado por similar nivel de conflictividad, ya que entonces se tomó recaudos administrativos, técnicos y logísticos para neutralizarla. En esta ocasión, el denominado Primer Censo del Estado Plurinacional no recuperó las lecciones de pasadas experiencias censales. Ello no extraña, cuando la nueva Bolivia se constituye sobre la negación de todo pasado. Se trata de veleidades fundacionales de un complejo de Adán tan arraigado y que el proceso de cambio no pudo erradicar.

En el 2001, como producto de las reformas políticas y la crisis de representación que tuvo Bolivia, el censo se abrió al reconocimiento de otras identidades culturales, produciendo el polémico “mesticidio”. Previa su realización se intentó aplicar la Ley de UPAS del año 2000 -suspendida desde julio de 2010- a fin de sanear límites intermunicipales. Pocos casos avanzaron. Uno de los más difíciles fue el de El Alto de La Paz y de sus vecinos (Viacha, Achocalla, Laja y Pucarani). Aunque nadie quedó contento, por aproximaciones sucesivas, el trámite concluyó en algo más de un año. Se trata de temas poco gratos que los políticos temen encarar.

Esa experiencia relativamente exitosa nos indica que estos casos demandan revertir la irresponsabilidad y los miedos que llevan a eludirlos. Ese es el reto de una nueva ley de Unidades Territoriales, la misma que debió ser aprobada a principios del año 2011.