Denuncian ausencia de Estado en fronteras

Representantes del Transporte Internacional informan sobre atropellos de funcionarios de otros países a pesar de convenios.

La representante de la nueva directiva del Transporte Pesado Internacional, Severina Arauz, denunció la ausencia del Estado boliviano en puestos de control fronterizo, donde autoridades chilenas y peruanas incumplirían convenios internacionales y cometerían abusos constantes contra el sector.

Por otra parte, aseguró que el Transporte Internacional hará conocer en Perú, en un encuentro bilateral a realizarse el próximo mes, una serie de atropellos cometidos por funcionarios públicos de ese país, “quienes ocasionan una serie de abusos de manera permanente que ocasionan pérdidas económicas tanto a las empresas como al sector de transporte”.

Según la denuncia de la dirigente, se estarían violando acuerdos bilaterales entre los que se incluye a la labor de Senasa del vecino país debido a que los funcionarios ordenarían a los transportistas que la carga debe estar a menos de 10 centímetros por debajo de la baranda, factor que representa la disminución de cerca de tres toneladas por cada conteiner, por lo tanto debe ingresar al lado peruano con 25 a 26 toneladas de las 29 toneladas con las que se permite de acuerdo a un convenio binacional.

Para Arauz, el recorte de carga exigido por autoridades peruanas ocasiona un recorte de los costos cancelados por las empresas importadoras, razón que representa un menor ingreso económico en favor de los conductores y ayudantes que realizan los viajes de transporte a la frontera con el Perú y otros países, aspecto que no logra compensar sus gastos de subsistencia en estos estados ya que el valor de su moneda económica duplica al boliviano.

“Los fletes son menores en la actualidad y a ello se suman las boletas de multas efectuadas por otra entidad como es Sutran, entidad peruana, boletas que son entregadas incluso por pedir permiso del Viceministerio de Transporte para que acepte nuestro recorrido y en todos los casos esa documentación nos exigen que sea legalizada, no fotocopia, cuando en nuestro país esos trámites han quedado anulados en anteriores reuniones entre ambos países, pero al parecer ninguna autoridad nacional en frontera hace respetar dichos convenios”, confirmó Arauz.

Las multas realizadas a los transportistas encargados de las exportaciones e importaciones de mercadería se dan desde $us 200 hasta $us 6.000, montos que de acuerdo con Arauz debieran ser cancelados, caso contrario los vehículos o conductores sancionados no pueden continuar trabajando en la cadena de exportación.

“Los funcionarios peruanos al parecer han aprendido todos los procesos y exigencias que generan mayores perjuicios al Transporte Internacional, aplicados por ejemplo en Chile, donde todo debe ser legal y no aceptan ni fotocopia legalizada, factor que nos está impide seguir trabajando”, lamentó la dirigente.

Pese a la demanda del sector del Transporte efectuada en varias oportunidades a las autoridades del Ministerio de Relaciones Exteriores por exigir el cumplimiento de los convenios, Arauz califica a las autoridades nacionales como “dormidas” en dicha problemática porque no existe ninguna acción de defensa, quedándose toda la documentación presentada sólo para el archivo de dicha instancia, sin que se pueda tener un seguimiento de esas denuncias o si las mismas tienen algún avance.

“Por lo tanto, nosotros en las fronteras estamos sometidos a lo que digan las autoridades chilenas y peruanas porque no hay autoridades nacionales que nos protejan, que nos defiendan que hagan respetar y en la actualidad estamos en total indefensión”, remarcó.

En el sector de Mollendo, el trasporte que viaja a Matarani, representa otro punto fronterizo donde los abusos son permanentes y las denuncias realizadas a autoridades nacionales no son atendidas y menos defendidas.

Arauz denunció también a las autoridades nacionales que los funcionarios instalados en frontera desconocen los convenios internacionales o la realidad del sector del transporte, por lo que exigen que dichos cargos sean encarados por su sector, como lo hacen en Perú y Chile, donde los propios transportistas conocen cuál es su realidad y conocen no sólo el territorio recorrido, sino la documentación que debe ser aceptada o rechazada.

Manifestó que en Chile la situación no es diferente, por el contrario son más de 200 denuncias del sector del transporte internacional de El Alto quienes en un número de afiliados de 240 operarios enfrentaron esa problemática, cuando son sometidos a carabineros de Chile, SAC, Aduanas Chilenas, migraciones, donde revisan desde las cabinas, la carga, la ropa de los conductores, sin que ninguna autoridad boliviana haga respetar los convenios y menos la dignidad humana de los transportistas.

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