Parches y remiendos para la crisis judicial

El estado de extrema gravedad al que llegó el Órgano Judicial, desde que el Estado empezó a aplicar urgentes reformas, alcanzó al nivel más bajo a partir del momento en que el Vicepresidente de la República afirmó que la Justicia estaba en “estado de coma” y el presidente Evo Morales sugirió que se le debía aplicar medidas para acabar con la corrupción, retardación judicial y una gran cantidad de problemas que causaban enormes perjuicios a la población.

Esas advertencias generales fueron seguidas de algunas medidas administrativas, así como disposiciones de hecho, con el objetivo de satisfacer a la opinión pública, la cual -según el presidente Evo Morales- estaría en estado de apronte, al extremo de protagonizar una rebelión que ponga las cosas en orden.

Sin embargo, el estado crítico de este mecanismo del Estado no ha dado aún ninguna muestra de que son atendidas las denuncias de que ha sido objeto, situación que tiende a quedar relegada a segundo plano por la campaña electoral que protagoniza la ciudadanía boliviana para las elecciones generales de octubre próximo.

En todo caso, el grave estado de salud del Órgano Judicial ha originado que algunas autoridades oficiales y extraoficiales hagan conocer recetas para salir de la crisis. Entre ellas se proyecta un referéndum que revise la conducta de los magistrados nombrados por la elección, remover de sus cargos a algunos jueces, cambiar los fiscales y adoptar medidas enérgicas que pongan fin al colapso en que se encuentra el tercer poder del Estado.

Las sugerencias para que el Poder Judicial retorne a la normalidad han sido numerosas, pero sometiéndolas a evaluación se encuentra que todas ellas son superficiales y no tocan el asunto sino de manera tangencial, tratamiento que no proporcionaría la curación esperada y, finalmente, prolongaría el estado de cosas existente y todavía más, podría originar que empeore.

La crisis judicial también mereció la atención de los partidos políticos que participarán en las elecciones generales de octubre y entre las soluciones que proponen se pide declarar en acefalía todos los cargos judiciales, realizar una consulta para ver qué es lo que se debe hacer con la justicia boliviana, que la próxima Asamblea Legislativa proponga una “revolución en la justicia”, dicte nuevas leyes con sanciones a los infractores y, en particular, se aumente los castigos a los prevaricadores, etc.

Sin embargo, si no se procede seriamente, todas esas buenas intenciones podrían caer en saco roto si no se ataca el mal en su causa original, pues, combatiendo los efectos con sólo paliativos, parches y remiendos (olvidando la relación de causa y efecto), no se llegará a ninguna parte y sólo se llenarán de delincuentes las cárceles existentes, así como las numerosas que proyecta construir el Órgano Ejecutivo.