Procesos por narcotráfico estancados en tribunales

Según el Fiscal General, “…la mayor carga procesal dentro del sistema penal está compuesta por juicios provenientes de delitos de sustancias controladas, cuya mayoría se encuentra en distintas etapas en diferentes juzgados del país”. La denuncia es grave y es muestra de hasta dónde la administración de justicia es mala. Señala la información: “en los últimos 13 años, un 83% está radicado en distintos tribunales y un 17% se encuentra en etapa de investigación de la Fiscalía”.

Prácticamente, se puede decir que el poco trabajo, la desidia, el descuido y el nomeimportismo de jueces abren las compuertas al narcotráfico porque el hecho de no prosperar juicios implica, de hecho, una garantía para que el narcotráfico continúe en permanente crecimiento. La información añade que “de los 6.661 casos correspondientes al área de sustancias controladas, 5.676 están en poder del órgano jurisdiccional tanto en audiencias conclusivas, juicio oral o en la etapa de apelación o casación”. Indica, además, que “985 procesos se encuentran aún en la jurisdicción del Ministerio Público”.

La información es clara y contundente porque demuestra las siguientes estadísticas: “Santa Cruz, con 2.835; La Paz, con 1.692; Cochabamba, con 1.614; Beni, con 275; Chuquisaca, con 162; Tarija, con 147; Oruro, con 140; Potosí, con 107 y Pando, con 84 casos”.

El problema debe resultar preocupante para el Gobierno porque muestra hasta donde creció el negocio de las drogas en Bolivia; hasta dónde hay descuido y lenidad en los estrados judiciales para atender los casos puestos a su consideración, juicio y sentencias respectivas. Es una muestra de que las labores de interdicción que se hace no son suficientes porque en los casos descubiertos y apresados los autores, éstos quedan recluidos esperando juicios y sentencias que nunca se producen.

El grave problema merece, en todo caso, ser descongestionado porque efectivamente, el total de casos, 6.661, no puede ser atendido eficiente, eficaz y oportunamente por pocos jueces y pocos fiscales. Por ello, es preciso adoptar dos medidas: reorganizar completamente el Poder Judicial e incrementar el número de jueces y fiscales para contar con una administración efectiva de justicia; pero con la condición “sine qua non” de que las nuevas designaciones sean hechas a personas idóneas, honestas, con alta moralidad y antecedentes muy dignos de honestidad y responsabilidad; de otro modo, si continúan las designaciones “a dedo”, se corre el riesgo de aumentar la corrupción y la mala administración de justicia.

Es tiempo de que se tome en serio el múltiple problema de la administración de justicia; de otro modo, el país será víctima hasta del pésimo manejo de tribunales. Con los muchos peligros que hay para la seguridad ciudadana, el narcotráfico resulta ser, prácticamente, el inicio de una gama de delitos incalculables.