Abogada Paola Barriga:

“Gobernación y Sedeges deben ser procesados” por caso Alexander



CONFERENCIA DE PRENSA LA MAÑANA DEL 15 DE NOVIEMBRE CUANDO EL GOBERNADOR CÉSAR COCARICO AFIRMÓ QUE LA CAUSA DE LA MUERTE DEL BEBÉ ALEXANDER PUDO SER PROVOCADO ENTRE LOS HOSPITALES DEL NIÑO Y JUAN XXIII.
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Ante la actitud contradictoria del gobernador César Cocarico, que determinó el alejamiento (despido y destitución) de los involucrados en el deceso del bebé Alexander, Paola Barriga, abogada de la enfermera Martha Ticona, del Hospital del Niño, afirma que la Gobernación de La Paz debe ser incluida en la imputación del caso Alexander, puesto que los responsables de los hogares de acogida, dependiente del Servicio Departamental de Gestión Social (Sedeges), son nombrados con la aprobación del gobernador.

“Con este cambio, se ha demostrado que (la Gobernación) sí estaba encubriendo”, declaró a EL DIARIO Paola Barriga, luego de conocer que la Gobernación destituyó (desde el 27 de febrero) a Lola R. enfermera del Hogar Virgen de Fátima (HVF), quien la madrugada (06.20) del 13 de noviembre de 2014, durante su turno, (atragantamiento con la leche), tomó la determinación de trasladar al menor, desde esta institución al Hospital del Niño, por presentar una bronco aspiración donde también cumplía turno, la enfermera Martha T. cliente de Barriga.

“Lo que correspondería ahora es que el Ministerio Público elimine, dentro de este proceso, como parte querellante y coadyuvante a la Gobernación y el Sedeges, no pueden seguir siendo ellos parte querellante, ellos tienen que ser procesados, tienen responsabilidades que cumplir”, aseguró la reconocida jurista, que entre uno de sus mayores logros está el haber conseguido condena de 30 años, en contra de Odón Mendoza, por la violación y muerte de la niña Patricia Flores, en agosto de 1999.

Martha T., que a pesar de declarar que solo cumplió con las indicaciones de los médicos de la unidad de Emergencias, y haber mantenido escasos cinco minutos de contacto “indirecto” con el bebé, fue imputada por los fiscales, con el cargo de infanticidio (al no existir la figura legal de negligencia médica) y determinando la detención preventiva en la cárcel de Mujeres de Miraflores, donde en enero de este año, por su decaimiento emocional, ya sufrió un preinfarto.

CONTRADICCIONES LEGALES

En anteriores entrevistas, la directora del Sedeges, Marisabel Zubieta, explicó a EL DIARIO, que a raíz de la muerte del bebé Alexander se inició un proceso administrativo interno, en contra del portero, la administradora, la enfermera (Lola R.) y el médico de turno del HVF, del cual fueron absueltos sin encontrar responsabilidad en su contra.

Sin embargo, en una de las primeras acciones “contradictorias” legales, iniciadas por la Gobernación, está que al día siguiente de la muerte de Alexander, junto al Sedeges, se querellaron en contra del médico de turno del HVF, Jhiery F., siendo que semanas más tarde lo absolvieran en el proceso administrativo.

Luego, en esta serie de decisiones contradictorias y acciones tardías, que implican su responsabilidad, tal cual lo indica Barriga, se procedió a la destitución de la Administradora del HVF, Celia Agramont, y posteriormente de la “mamita” (educadora) de Alexander, Madeleine, P. (19), y en última instancia, (el 27 de febrero) de Lola R., con la irregularidad de que no se conoce los motivos de su destitución, por lo cual la Gobernación podría ser pasible de otro proceso judicial, el que es analizado por los abogados de dicha enfermera.

El caso Alexander, que el próximo 14 de marzo cumplirá cuatro meses sin ser esclarecido, debeló una serie de deficiencias en las políticas de cuidado de los menores en situación de abandono en los hogares de acogida, también afectó y despertó duras críticas respecto del trabajo de los fiscales que hasta la fecha mantienen la reserva judicial, pero a pesar de ello le costó el puesto al fiscal de Distrito de La Paz, José Ángel Ponce sustituido por Patricia Santos, que hasta la fecha no ha notificado los resultados de los exámenes forenses del IDIF, a los abogados de las diferentes partes, despertando grandes susceptibilidades sobre la responsabilidad con la que se llevan adelante las investigaciones.

 
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