¿Votar por sí o no en el referéndum?

La gran disyuntiva que tiene la población inmersa en el Padrón Electoral y que intervendría en la consulta de este 20 de septiembre, está en que los estatutos autonómicos no son conocidos ni en su texto completo ni en los aspectos que consigna la Constitución Política del Estado; nadie, ni Gobierno central ni gobernaciones ni alcaldías ni institución alguna se ha preocupado por dar a conocer los respectivos textos con suficiente anticipación.

Hay convocatoria a un referéndum para que la población diga sí o no a los textos para que tenga vigencia plena la autonomía; pero no hay conocimiento de los contenidos; entonces, ¿cuál será el comportamiento de la ciudadanía que acuda a las urnas? ¿Votará por el sí o por el no, o, finalmente, en blanco? Lo grave es que ni los integrantes de gobernaciones ni alcaldías conocen los textos y, hay que decirlo, menos los medios de comunicación social porque no han recibido, en su momento, los textos respectivos y, por otro lado, en caso de conocérselos, no han sido examinados exhaustivamente por quienes, más o menos, tendrían criterios formados sobre los puntos que deben ser prioritarios.

El Gobierno y el Tribunal Supremo Electoral insisten en la realización del referéndum; pero lo sensible y grave es que no toman en cuenta que ponen a la ciudadanía en el conflicto de no saber por qué votar, porque no es lo mismo emitir votos en elecciones generales o parciales para elegir autoridades que hacerlo, simplemente, para aprobar o aceptar o no determinado programa al que deben regirse las instituciones.

Como se presentan las situaciones, lo que convendría es: en primer lugar, posponer, sin fecha, la realización del referéndum; y, segundo, que en tiempo inmediato -algunos meses- se haga publicidad clara, precisa, resumida y concreta sobre lo que es cada proyecto para la autonomía en cada departamento; luego, como corolario de todo ello, abogados institucionalistas podrían analizar en detalle los contenidos de los textos, comentarlos y que los medios sean difusores de todas esas ideas.

Con los procedimientos señalados, siquiera una parte de la ciudadanía podría tener conocimiento, parcial de lo que son los sistemas autonómicos que se quiere aprobar y poner en práctica en los departamentos; de otro modo, no hay base de sustentación para el referéndum que, de producirse, no arrojará mayormente resultado alguno que sea serio, creíble y confiable.

Finalmente, la no realización programada del referéndum para septiembre próximo, permitiría ahorrar dinero, reestructurar totalmente los tribunales departamentales electorales que han sido observados muchas veces en el pasado inmediato y contar, si fuera posible, con un sistema electoral confiable, aunque el TSE actual ya ha mostrado parcialidades que no convienen, si es que se quiere tener una institución confiable. Es, pues, importante que, en el tiempo más corto, se decida posponer la realización del referéndum ya que, como muestra la ignorancia que se tiene de los textos, no conviene su realización.