Terrorismo judicial

Desde los tiempos de la antigua Grecia se estableció que en una sociedad organizada en Estado, una de las atribuciones de éste era la de administrar justicia, en las controversias entre particulares, e incluso el mismo Estado podía ser demandado en la calidad de persona jurídica. Esta atribución en las sociedades de corte teocrático, donde el gobernante rey era a su vez un dios en la tierra, estuvo en manos del monarca, pero con el advenimiento del liberalismo y la democracia, la división e independencia de los poderes u órganos del Estado, en los que se encuentra el judicial, se ha convertido en una característica del “estado de derecho”, en el que el sometimiento a la ley por gobernantes y gobernados, es o debería ser la norma.

En nuestra realidad de Estado, nacido en 1825 como República, el Órgano u Poder Judicial ha sido uno de los componentes del poder público junto al Ejecutivo y el Legislativo, aunque siempre resultó un poder u órgano débil frente a los otros órganos, ya sea por su dependencia del poder político o por su elevado nivel de corrupción, siendo lamentablemente la excepción, la situación de independencia y sujeción a la ley.

En este tiempo del denominado “cambio” (¿), el Órgano o Poder Judicial ha llegado a los niveles más bajos de credibilidad, institucionalidad e independencia del poder político, de tal manera que se ha convertido en un órgano de represión política y bajo nivel de desempeño de jueces y fiscales (salvando las excepciones), en el que el apego obligatorio a la ley, ha sido trastrocado por el cumplimiento a las órdenes políticas para perseguir judicialmente a los opositores o críticos del gobierno y sus políticas, aunque en verdad en los regímenes autoritarios, todo el aparato del Estado es convertido en un aparato de represión política.

Una de las malas prácticas abogadiles y que hace años denunciamos en estas mismas páginas, es el del “terrorismo judicial”, es decir que cuando alguna persona tiene un problema que es llevado a las instancias judiciales, suele sufrir una arremetida con varias demandas, por todo y nada, pero en general inventadas por los malos abogados, con la finalidad de rendir y aplastar al demandado, que sufre las primeras consecuencia de riesgo de perder su libertad, arraigos, anotaciones preventivas, secuestros etc., lo que suele afectar no sólo a los intereses económicos de la víctima, sino de su salud y moral.

Los opositores que en el actual régimen de gobierno de los cocaleros y algunos movimientos sociales, han sido víctimas de la represión y persecución judicial, han sido demandados por varias causas que en algunos casos llegan a más de una decena, razón por la cual muchos de ellos han tenido que buscar asilo en países vecinos, en procura de no perder la libertad, que es uno de los atributos más preciados del ser humano, y que sólo se pierde por graves delitos, luego de un juicio justo y debido proceso, lo que no ha sucedido en nuestro país, debido precisamente a la pérdida de independencia del Órgano o Poder Judicial.

Esta situación también ha determinado que autoridades elegidas por el voto del pueblo en niveles sub nacionales, hayan sido echados de sus puestos y encarcelados varios años, como fue el caso del ex Prefecto de Pando, o perdido la libertad varios años, como los enjuiciados en el caso Hotel Las Américas, que a juicio del que fuera fiscal del caso y ahora exiliado político, fue un asunto montado y armado por el gobierno contra los opositores de Santa Cruz. Varios indicios de esta conducta salieron a la luz pública, sin que se hubiera dejado de lado el proceso, pese a sus varios vicios.

Otra de las características de la represión política judicial, es la celeridad con la que las autoridades judiciales, que conocen de los casos de interés político gubernamental, determinan los apremios, las medidas cautelares y de represión, mientras en los casos del común de las personas, los procesos judiciales en todas sus instancias no avanzan y su resolución nunca llega.

El “terrorismo judicial” lo vemos en los más de veinte procesos contra el gobernador de Santa Cruz, las medidas cautelares que le han señalado, el encarcelamiento del ex Gobernador del Beni, y los numerosos procesos al ex Prefecto de ese hermano departamento, así como otros numerosos casos. Este terrorismo ahora se lo ha desatado contra el abogado León, por el solo hecho de haber defendido a la que fuera pareja del Presidente del Estado Plurinacional, al que a diario se le imputa nuevos delitos, por nuevas denuncias, pero cuando se trata de denuncias a gente allegada al gobierno, los fiscales rechazan las mismas o nunca investigan.

El mismo Presidente del Estado Plurinacional ha asumido el papel de Juez Supremo del Estado, pues sentencia de “delincuente confeso” a quien quiere que se lo condene, e incluso sentenció a expresidentes, que luego pasaron de “delincuentes confesos” a embajadores del Estado, sin que hubieran pedido, por lo menos, una retractación.

Este sistema de terror, típico de las dictaduras, a veces “edulcorado” por medio del Órgano Judicial, tiene como propósito, amedrentar a los opositores o a quienes piensan distinto, que en una auténtica democracia tienen ese derecho, pero parece que no en una democradura.

El autor es abogado y politólogo.